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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sugerir la posibilidad de iniciar un proceso para expulsar de ese país no solo a extranjeros que cometan delitos, sino también a ciudadanos estadounidenses involucrados en crímenes violentos.
Las declaraciones fueron entregadas en una rueda de prensa posterior a la inauguración del centro de detención conocido como 'Alligator Alcatraz', ubicado en los Everglades de Florida, una instalación destinada al confinamiento de migrantes condenados por delitos graves.
Durante su visita al lugar, Trump afirmó que la nueva prisión servirá para detener a personas calificadas como una amenaza a la seguridad pública, señalando que la mayoría de los detenidos serían extranjeros en situación irregular por delitos como homicidio, secuestro, abuso sexual o pertenencia a organizaciones criminales. Sin embargo, hay temor porque los enviados allí no sean solo las personas condenadas por estos crímenes, sino también inocentes, sospechosos sin una condena en firme o simples migrantes irregulares.
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En ese contexto, el presidente fue consultado sobre el uso futuro de instalaciones como Alligator Alcatraz y dejó abierta la posibilidad de ampliar su función. Dijo que el sitio podría transformarse en parte del sistema penitenciario a largo plazo y que incluso podría servir para albergar a ciudadanos estadounidenses que hayan cometido crímenes violentos.
Según él, hay personas que, pese a haber nacido en el país, representan un peligro y deberían ser tratadas de igual manera que los criminales extranjeros. Trump mencionó casos de homicidios cometidos en espacios públicos y señaló que las víctimas suelen ser ciudadanos comunes atacados por individuos con antecedentes penales. Indicó que, aunque se trata de una propuesta polémica, está dispuesto a considerar vías para retirar del territorio a personas nacidas en Estados Unidos si han cometido delitos graves como asesinatos con armas blancas o agresiones mortales en el transporte público.
"También tenemos mucha gente mala que ha estado aquí mucho tiempo, gente que golpea a las personas en la cabeza con un bate de béisbol y las mata por la espalda, gente que te apuñala cuando caminas por la calle. No son nuevos en nuestro país, son viejos en nuestro país, muchos de ellos nacieron en nuestro país. Creo que deberíamos sacarlos de aquí también", señaló. "Tal vez ese sea el próximo trabajo".
Según datos entregados por el mandatario, su administración ha arrestado más de 2.700 miembros de la banda criminal 'Tren de Aragua' en los últimos cinco meses, incluyendo incautaciones de más de 280 armas. Afirmó además que, gracias a una reciente decisión de la Corte Suprema, el Gobierno federal cuenta con nuevas herramientas legales para acelerar procesos de deportación.
Trump también anunció que se fortalecerá la capacidad de las agencias migratorias con la contratación de 10.000 nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 3.000 oficiales adicionales para la Patrulla Fronteriza.
Trump estudia permisos laborales supervisados para trabajadores agrícolas extranjeros
En medio del enfoque restrictivo hacia la migración irregular, el presidente Trump anticipó un proyecto para permitir la permanencia temporal de trabajadores extranjeros en zonas agrícolas bajo la supervisión directa de los empleadores. De acuerdo con su declaración, el Gobierno contempla emitir tarjetas o documentos especiales a migrantes que han trabajado durante años en granjas del país, particularmente en estados como California e Iowa.
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Trump señaló que los agricultores serían responsables legales por estas personas, quienes no obtendrían ciudadanía, pero estarían habilitadas para laborar y pagar impuestos. Explicó que esta medida buscaría evitar que las actividades agrícolas se vean afectadas por la falta de mano de obra, como ocurre actualmente debido a las deportaciones masivas.
El presidente aseguró que se priorizará el retiro de los migrantes con antecedentes penales, mientras que los trabajadores agrícolas con trayectoria laboral estable y sin historial criminal podrían acogerse a este programa bajo la custodia de sus empleadores. La medida aún no ha sido oficializada, pero se enmarca en la estrategia del Gobierno para reformar el sistema migratorio con énfasis en la seguridad y el control directo.
