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La decisión fue anunciada al término de una reunión de la Sala Plena del TSJ celebrada hoy en Coral Gables, ciudad aledaña a Miami, para evaluar la petición de "antejuicio de mérito"planteada por Ortega, que también está exiliada.
Participaron en la reunión ocho magistrados del TSJ en el exilio radicados en Florida, además de otros conectados vía telefónica o internet desde Panamá, Colombia y Chile, que decidieron admitir a trámite la solicitud.
Sobre la petición para que se detenga a Maduro y se pida a Interpol orden de captura en su contra, el TSJ en el exilio anunció que "se reserva el derecho de pronunciarse" sobre esas medidas, cuando decida sobre "la existencia o no de méritos para el enjuiciamiento de quien ejerce el cargo de Presidente de la República de Venezuela".
En su petición, la exfiscal Ortega considera que hay "mérito para iniciar causa penal" contra el presidente Maduro, "con ocasión a la presunta participación en hechos de corrupción que surgen de una investigación preliminar iniciada por la Fiscalía General de la República en el año 2015".
Esa investigación está referida a irregularidades en la ejecución de una obra de infraestructura en el Estado Zulia conocida como el Segundo Cruce sobre el Lago de Maracaibo.
Como resultado de esas pesquisas se obtuvo información acerca de contrataciones de obras con Odebrecht por una suma de 2,5 billones (millones de millones) de dólares que "no han sido culminadas y otras que jamás se llegaron a ejecutar en el país".
La exfiscal general indica además que hay pruebas de que Nicolás Maduro, cuando era canciller, recibió "grandes cantidades de dinero en dólares" para el pago de las campañas presidenciales de Hugo Chávez y luego para el pago de la suya propia, tras la muerte del líder bolivariano en 2013.
"Todo por instrucciones del fallecido presidente Hugo Chávez Frías y con la complacencia del Gobierno brasileño presidido por el señor (Luiz Inacio) Lula Da Silva", señala Ortega.
Según dice Ortega, la Fiscalía concluyó que "se conformó una red de corrupción con altos funcionarios del Estado Venezolano, los cuales identifica con prácticas que van desde el cobro de vacunas, sobornos y comisiones, penetrando así gran parte de la estructura gubernamental que influyó en forma decisiva en el destino de Venezuela".
Miguel Ángel Martín, presidente del alto tribunal nombrado por la Audiencia Nacional venezolana, que se define como "legitimo" y cuyos miembros están exiliados en EE.UU. y otros países, dijo a Efe que Maduro y el actual fiscal general venezolano, Tarek Saab, van a ser notificados inmediatamente para que el primero comparezca a una audiencia oral y pública fijada para el 3 de abril en EE.UU.
Con información de EFE.
