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El Gobierno brasileño se preparó para enfrentar la retomada de las sesiones de la comisión parlamentaria en la que se decidirá la posible apertura de un juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff. La comisión inició el pasado viernes sus trabajos y celebrará el lunes la segunda de las quince sesiones previas a la votación en la que se decidirá si se inicia el proceso parlamentario contra la jefa de Estado. El ministro de Información, Edinho Silva, afirmó hoy en un artículo en el diario Folha de São Paulo que el oficialismo está empeñado en "desconstruir" el intento de destitución que, en su opinión, es "en nada y por nada justificable".
Para ello, el Gobierno está tratando de aplacar los sectores disidentes de los partidos de la base oficialista que han amenazado con pasarse a la oposición debido a la agudización de la crisis, lo que podría inclinar la balanza contra los intereses de Rousseff. En este sentido, Rousseff expresó que pretende servirse de la capacidad de "articulación" del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar la desbandada de los aliados.
Pero precisamente el nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia, que ha sido suspendido por una decisión judicial, tuvo un efecto opuesto y supuso un factor desestabilizador, contribuyendo a que dos partidos dejasen la coalición y pasasen a defender la destitución de Rousseff. En la última semana, después del nombramiento de Lula, abandonaron el barco el Partido Republicano Brasileño (PRB) y el Laborista Brasileño (PTB), fuerzas que suman 40 de los 513 escaños de la cámara baja. Otras tres fuerzas están discutiendo la posibilidad de romper con el Gobierno, entre ellos el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), en el que milita el vicepresidente, Michel Temer, quien asumiría el poder en el caso de que prospere el juicio político.
El destino de la mandataria, por el momento, está en manos de los 65 diputados de integran la comisión que decidirá sobre la apertura del juicio político. Esa comisión está formada por diputados de todo el arco parlamentario, incluyendo tanto a opositores como de la base oficialista, aunque en ella también figuran algunos disidentes que convierten el resultado de la votación en una incógnita. Si la celebración del juicio político se aprueba, este pasaría a manos del pleno de la Cámara de los Diputados, donde se necesita una mayoría de dos tercios (342 de 513) para llevar el proceso al Senado, en el que la decisión se ratificaría por mayoría simple.
Rousseff sólo cuenta con el apoyo inquebrantable de los 59 diputados de su formación, el Partido de los Trabajadores (PT) y los doce del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), por lo que está lejos de los 172 votos necesarios para abortar el proceso en la Cámara. La mandataria necesita retener el apoyo de otros 101 diputados, cerca de la mitad de los representantes de los otros seis partidos que, con reservas, aún se mantienen en la base oficialista, aunque también podría pescar algún apoyo entre grupos minoritarios de izquierda.
Las pasiones que ha despertado el juicio político han generado fisuras en el seno de varias formaciones. El ministro del Deporte, George Hilton, y el expresidente Fernando Collor se cambiaron de partido por oponerse al juicio político, mientras que el PMDB estudia la posibilidad de expulsar a Mauro Lopes por haber aceptado el nombramiento como ministro de Aviación Civil cuando el partido estudia romper con Rousseff.
De forma paralela, en las calles se han exacerbado los ánimos, con la celebración de manifestaciones multitudinarias, que por lo general han sido pacíficas. En algunas ciudades, entre ellas Sao Paulo, las manifestaciones opositoras han proseguido este fin de semana, aunque con muy baja participación, de unos pocos centenares de personas cada día. El PT denunció que sufrió "ataques" a algunas de sus sedes en los últimos días, el más grave ocurrido la madrugada del sábado en Belo Horizonte, donde desconocidos forzaron la cerradura y causaron daños en el mobiliario y en equipos informáticos.
