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En medio del asedio de fuerzas combinadas del gobierno a varias ciudades de Nicaragua, se reanudó este lunes un diálogo que busca parar la violencia que deja más de 200 muertos en dos meses de protestas que exigen la salida del poder del presidente Daniel Ortega.
Tiroteos, incendios de locales y operaciones de limpieza de barricadas, con hombres armados y palas mecánicas, se registran en los norteños departamentos de León y Managua, incluidas en sus capitales. Pobladores reportan heridos, pero los grupos humanitarios aún no dan un balance oficial.
"Hay detonaciones muy fuertes. Esto es verdaderamente un error, no abona en nada la represión, hacemos un llamado a las autoridades (a) que frenen esto. No queremos más muertos", dijo vía telefónica desde León el párroco Víctor Morales.
La comisión de la Iglesia católica que media en el diálogo anunció que se instalaron las mesas de trabajo con delegados del gobierno y de la opositora Asociación Cívica por la Justicia y la Democracia -de la sociedad civil-, para evaluar, como tema primordial, la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019.
"Los obispos de Nicaragua estamos esperando que el presidente Ortega nos comunique oficial y formalmente su aceptación de la propuesta que le hicimos (...), recogiendo el sentir de la mayoría de los nicaragüenses, sobre elecciones anticipadas", escribió en Twitter el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
La petición fue planteada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) el pasado 7 de junio en la mesa de conversaciones, pero Ortega, cuyo tercer mandato consecutivo concluye en enero de 2022, pidió tiempo para reflexionar y aún no se pronuncia al respecto.
Crece la tensión
La reunión se realiza en momentos en que han recrudecido las violentas incursiones de fuerzas policiales, parapoliciales y paramilitares a distintas ciudades para retomar su control. Solo el fin de semana hubo una decena de muertes en barrios de la capital y de otras ciudades.
"Estos grupos que visten de civil y que andan sembrando el terror deben de ser investigados, procesados y retirados inmediatamente", reclamó este lunes Álvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH).
Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero tras las muertes de jóvenes en las marchas, se ampliaron para exigir justicia y la renuncia de Ortega, un exguerrillero de 72 años a quien acusan de forjar, con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, una dictadura.
"Ya la lucha de nosotros es todo. Vamos por el cambio de gobierno. Se tienen que ir porque el pueblo no los quiere", dijo un joven de 25 años, con pañuelo en el rostro, en una barricada en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), donde se atrincheran decenas de estudiantes.
Ortega ha dicho que está dispuesto a trabajar por la democratización del país, incluyendo la separación de los poderes del Estado, actualmente controlados por el gobierno, principalmente el Consejo Supremo Electoral.
Esas reformas las había conversado con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien ha venido endureciendo su posición tras ser señalado de blando con Ortega en un inicio.
"Para la Alianza Cívica, los acuerdos electorales entre el gobierno y la OEA ya no son vigentes. Ortega debe decir si acepta el adelanto de elecciones", dijo Carlos Tünnermann, prestigioso académico que participa en el diálogo.
Aumenta la presión
La presión contra Ortega aumentó con el informe que el viernes presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el Consejo Permanente de la OEA, el cual denunció la "represión estatal" y consigna 212 muertos, más de 1.300 heridos y unos 500 detenidos en dos meses.
"Eta es una situación bastante crítica y es necesario que toda la comunidad internacional preste atención a lo que está pasando en Nicaragua", dijo Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, en una entrevista para CNN.
Durante esa sesión, una decena de gobiernos pidieron que "cese la represión", y Almagro recomendó un adelanto de elecciones a marzo como mínimo o en máximo 14 meses.
El diálogo ha sido suspendido tres veces, la última hace una semana porque el gobierno no había invitado a organismos internacionales para verificar la situación de derechos humanos.
Aunque rechaza los señalamientos de uso excesivo de la fuerza, el gobierno accedió a invitar a los organismos. El domingo llegaron a Managua técnicos de la CIDH y el martes lo harán funcionarios del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos.
Ortega llegó al poder en 1979 como uno de los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lideró la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza.
En 1990 fue desalojado en una elección anticipada, como la que le piden hoy. Luego de 16 años en la oposición, llegó de nuevo al poder por la vía electoral en 2007.
