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En Georgia, alrededor de 450 inmigrantes indocumentados fueron arrestados en la planta Hyundai Metaplant en Ellabell, a 40 kilómetros de Savannah, en lo que las autoridades describieron como una de las operaciones más grandes en un solo sitio en los 22 años de historia de ICE. La instalación, dedicada a la producción de baterías para vehículos eléctricos, había sido presentada por el gobernador del estado como el mayor proyecto de desarrollo económico en la historia local.
Imágenes obtenidas por medios locales mostraron a agentes enmascarados y armados ordenando a los trabajadores que se alinearan mientras las instalaciones eran registradas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la redada formó parte de una investigación penal sobre “prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves”.
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“Quienes exploten a nuestra fuerza laboral, socaven nuestra economía y violen las leyes federales rendirán cuentas”, advirtió el DHS en un comunicado. La operación contó con la participación de múltiples agencias, incluidas la Patrulla Estatal de Georgia, el FBI, la DEA y la ATF.
Hyundai aseguró que está cooperando con las autoridades y reafirmó su “compromiso de cumplir con todas las regulaciones laborales y de inmigración”, según declaró su portavoz Michael Stewart.
Ese mismo día, en el estado de Nueva York, otra redada en la planta Nutrition Bar Confectioners, en la localidad de Cato, derivó en decenas de trabajadores detenidos. Según el Ministerio Rural y Migrante, que presenció el operativo, los agentes interrogaron “prácticamente a toda la fuerza laboral” y trasladaron a los detenidos al Centro de Detención de Oswego. El grupo difundió un video en Facebook en el que se observa a personas siendo conducidas hacia vehículos de la Patrulla Fronteriza.
La gobernadora demócrata Kathy Hochul condenó enérgicamente la operación, afirmando que “no hará que Nueva York sea un lugar más seguro” y que “destrozará a familias trabajadoras que simplemente están tratando de construir una vida aquí”. Según la mandataria, entre los arrestados había padres de al menos una docena de niños que podrían regresar de la escuela a casas vacías.
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El propietario de la empresa, Mark Schmidt, defendió a sus empleados y aseguró al New York Times que “todos contaban con documentación legal” para trabajar en Estados Unidos. Su hijo, Lenny Schmidt, vicepresidente de la compañía, calificó la redada como “casi teatral” y criticó la presencia de perros policía y vehículos todoterreno: “Podría haberse manejado de forma mucho más humana y decente”, declaró.
