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El Poder Judicial del Perú analizará este lunes el pedido de prisión preventiva contra la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, solicitado por un fiscal anticorrupción por supuestamente haber vulnerado las restricciones impuestas durante la investigación que se le sigue por presunta corrupción.
Según dispuso el Cuarto Jurado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, este lunes a partir de las 15:00 hora local se iniciará la audiencia para evaluar el pedido del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato.
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El pasado 10 de junio, en medio de la crispada coyuntura postelectoral que vive el Perú, Pérez solicitó al juez Víctor Zúñiga el regreso a prisión preventiva de Fujimori por supuestamente incumplir las normas de conducta de la resolución judicial que habilitó su excarcelación en 2020 bajo ciertas restricciones.
En el pedido para revocar los privilegios legales de la candidata, el magistrado sostiene que la imputada infringió las reglas jurídicas impuestas mientras se le investiga por un delito de lavado de activos, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso sobre la financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.
En concreto, el requerimiento hace alusión a una conferencia de prensa que celebró Fuerza Popular poco después de la segunda vuelta electoral, en la que Fujimori presentó al abogado Miguel Torres como vocero político de su partido.
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La candidata y el abogado compartieron mesa durante aquella aparición pública, en la que la agrupación política fujimorista pidió a las autoridades electorales anular 802 actas de votación, bajo acusaciones de irregularidades y "fraude en mesa" en el balotaje del pasado domingo 6 de junio.
"Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales", defiende el texto.
Pérez argumenta que Torres es testigo de la acusación fiscal y que declaró ante su despacho el 3 de septiembre de 2020 en una diligencia donde también participó la abogada de Fujimori, Giulliana Loza.
Fujimori, sin temor
Tras hacerse pública esta solicitud, tildada de "absurda" por la propia imputada, Fujimori dijo que el fiscal Pérez busca "seguir siendo protagonista de esta campaña electoral" y aseguró que "confía" en el Poder Judicial y que no tiene "ningún temor" de que se concrete el pedido.
Aunque previamente Torres había declarado a medios locales que él no era testigo de la investigación contra Fujimori, Loza admitió en una rueda de prensa que "es testigo de este caso".
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La letrada consideró, sin embargo, que el pedido fiscal "carece de toda base legal y fáctica", y dijo que espera que el juez Víctor Zúñiga, a cargo del caso, "declare improcedente esta petición".
Este domingo, la defensa de Fujimori solicitó al Poder Judicial que la audiencia se celebre de manera presencial, y no virtual como estaba previsto.
A través de una carta enviada al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Loza indicó que, pese a las restricciones por la covid-19, es necesario "garantizar el ejercicio pleno y eficaz de la defensa".
Más de 30 años de cárcel
En marzo pasado, tras más de cuatro años de pesquisas, Pérez pidió la apertura de un juicio oral y una pena de 30 años y 10 meses de prisión contra la líder de Fuerza Popular por los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
De acuerdo con la investigación, la candidata habría ocultado, mediante una contabilidad ficticia, donaciones de grandes empresas, como 3,6 millones de dólares de Credicorp y un millón de la constructora brasileña Odebrecht para la financiación de sus campañas electorales.
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Fujimori pasó en prisión preventiva más de un año (octubre 2018-noviembre 2019), logró salir pocos meses tras una apelación y luego volvió a regresar por otros cinco meses en 2020.
En abril de 2020 fue liberada bajo medidas judiciales restrictivas por el riesgo de contraer covid-19 que implicaba su estancia en prisión.
Todo indica que el juicio es inevitable, y más aún después de haber resultado perdedora de la contienda electoral, pues de haber alcanzado la Presidencia la candidata habría obtenido la inmunidad judicial en calidad de Jefa del Estado.
Para conocer los resultados finales de los comicios presidenciales, sin embargo, falta todavía que las autoridades electorales revisen los pedidos de nulidad de actas impulsados por el fujimorismo, que insiste en denunciar un supuesto "fraude en mesa" a favor del virtual presidente electo, el izquierdista Pedro Castillo.
Hasta la fecha, la mayoría de las más de 800 solicitudes presentadas por Fuerza Popular en esa maniobra legal para revertir los resultados electorales han sido rechazadas por defectos formales (falta de pago de tasas o por haber sido presentados fuera de plazo) pero también por que no existe prueba alguna que sustente tal pedido.
