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El Parlamento de Cataluña aprobó una resolución para promover la independencia de esa región respecto a España, una iniciativa que el Gobierno de Madrid considera ilegal y recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
Con 72 escaños a favor de los 135 diputados, la Cámara catalana aprobó un texto que prevé que, en el plazo de un mes, empiece la tramitación de las "leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública", que pongan las bases de creación de la hipotética república catalana.
La resolución presentada en la Cámara regional por dos formaciones independentistas (Junts pel si y CUP) en favor de la "desconexión" de Cataluña de España polariza la política española desde hace semanas y protagoniza el período previo a las elecciones legislativas que tendrán lugar el 20 de diciembre.
Junts pel si (62 escaños) y CUP (10) tuvieron enfrente en el debate a los 63 diputados de otras cuatro formaciones: Ciudadanos (liberales centristas), PSC (socialistas), Si que es Pot (izquierda) y PP (centroderecha).
El Gobierno español que preside Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP), ha reiterado en diferentes ocasiones que recurrirá esa resolución ante el Tribunal Constitucional por considerar que vulnera el ordenamiento jurídico, lo que ocurrirá previsiblemente a mediados de esta semana.
En su moción, los promotores de la independencia mencionan explícitamente que no respetarán lo que dictamine el Constitucional si, como creen los expertos, anula la resolución secesionista.
El portavoz de Junts pel si, Raul Romeva, justificó la propuesta de avanzar hacia la independencia en que se trata de una "demanda democrática y una urgencia social", porque la independencia "va esencialmente de defender los derechos de las personas" y que éstas "vivan mejor".
Romeva se anticipó a la respuesta del Gobierno español con la advertencia de que no conseguirá frenar el proceso cargando "los tribunales con artillería legalista".
Los portavoces de los grupos que rechazan la secesión acusaron a los promotores de querer romper la legalidad y el Estado de Derecho y de avanzar hacia un proceso de consecuencias graves e imprevisibles.
La centrista Inés Arrimadas, cuya formación (Ciudadanos) es la segunda en escaños del Parlamento regional, acusó al presidente en funciones, Artur Mas, de querer eludir con el proceso independentista su comparecencia ante la Justicia, ya que su propio partido, CDC, está implicado en varios casos de corrupción.
Con 7,5 millones de habitantes, Cataluña aporta casi el veinte por ciento del Producto Interior Bruto español y, debido a que se trata de una de las llamadas "regiones históricas" (con el País Vasco, Andalucía y Galicia), cuenta con un alto nivel de autogobierno,
Sus competencias van desde la Policía propia hasta la gestión de las cárceles, pasando por empleo, economía, educación o sanidad.
