ONU denuncia desapariciones forzadas en Libia

La Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) denunció este sábado los "niveles alarmantes" de la práctica "generalizada y sistemática" de las desapariciones forzadas en todo el país. La misión subrayó que las autoridades persisten en las detenciones en régimen de incomunicación en centros donde la tortura y los malos tratos son "muy extendidos".

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto, la UNSMIL expresó en un comunicado su profunda preocupación por los continuos ataques contra actores políticos y opositores, periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas, funcionarios estatales y ciudadanos comunes.

La misión recordó que, en mayo pasado, se descubrieron fosas comunes y restos no identificados en Trípoli, incluso en antiguos centros de detención, lo que evidencia la naturaleza sistemática de estas desapariciones. Estos crímenes, añadió, "crean un clima de temor" que "sofoca el espacio cívico", afianza la impunidad y socava las condiciones necesarias para la paz, la credibilidad de las elecciones y la reconciliación nacional.

La organización insistió en la necesidad de "descubrir la verdad" y garantizar la rendición de cuentas por estas violaciones, pasos que considera esenciales para restablecer la confianza en las instituciones del país.

Asimismo, la UNSMIL instó a las autoridades libias a poner fin a las desapariciones forzadas y a las detenciones arbitrarias, a informar sobre el paradero de las personas desaparecidas y a responsabilizar a los perpetradores.

También destacó la urgencia de proporcionar a las víctimas y a sus familias reparaciones, indemnizaciones y apoyo psicosocial, entre otras formas de asistencia.

Actualmente, la UNSMIL y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo de Países Bajos, están implementando un plan para fortalecer la capacidad forense y promover un proyecto de ley sobre personas desaparecidas. Dicho plan contempla, además, el apoyo a la formación de una red nacional de organizaciones de la sociedad civil, la participación de las familias y la ampliación de iniciativas psicosociales, jurídicas y de sensibilización pública.