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La Organización de Estados Americanos (OEA) abordará la "crisis" migratoria de venezolanos durante una reunión de su Consejo Permanente, en el que algunas misiones pueden aprovechar para presentar una resolución sobre la nación caribeña.
Esa resolución exhortaría al Ejecutivo venezolano a autorizar el establecimiento de un "canal humanitario" que permita brindar "atención inmediata" a los venezolanos.
La idea de abrir un "canal humanitario" no es nueva: ya lo han pedido el Parlamento venezolano, de mayoría antichavista; la comisión opositora que participó en un diálogo con el Gobierno en República Dominicana el año pasado; y los 14 países del Grupo de Lima en diferentes comunicados.
Venezuela, por su parte, considera que el establecimiento de un corredor humanitario facilitaría una invasión del país caribeño al permitir la entrada de fuerzas militares extranjeras.
La votación de la resolución no figura en el orden del día para la sesión extraordinaria que tiene como objetivo "considerar la crisis migratoria originada por la situación en la República Bolivariana de Venezuela", tal y como consta en la convocatoria.
Para ser aprobada, la resolución necesita el respaldo de 18 de los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962).
Las fuentes diplomáticas aseguraron que los impulsores de la iniciativa han conseguido el respaldo de 18 naciones y, por ello, es muy probable que la sometan a voto. La sesión extraordinaria se convocó a petición del secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El 20 de agosto, Almagro envió una carta a la embajadora de Costa Rica ante la OEA, Rita María Hernández Bolaños, que ocupa la Presidencia del Consejo, para que fijara una reunión con el fin de abordar la "crisis" migratoria y la situación "del ejercicio efectivo de la democracia que sufre Venezuela".
Almagro, muy crítico con el Gobierno de Nicolás Maduro, advirtió en su misiva que la "situación puede empeorar" e instó a la región a abordar ese tema de "forma multilateral y colectiva".
También intervendrán ante la OEA dos responsables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): su secretaria ejecutiva adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos, María Claudia Pulido; y Marisol Blanchard Vera, jefa de gabinete de la Secretaría Ejecutiva.
Otro de los ponentes será Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria, un centro de pensamiento de Washington.
La sesión en la OEA se producirá después de que haya concluido en Quito una reunión de 13 países latinoamericanos para acordar una estrategia regional sobre la migración venezolana.
Al final del encuentro, 11 de los 13 países emitieron una declaración de intenciones en la que se comprometen a seguir acogiendo a los emigrantes dentro de un sentido de "hermandad" y "solidaridad", pero también salvaguardando la "seguridad" de las sociedades receptoras.
Los Estados que firmaron esa declaración fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), unos 2,3 millones de venezolanos están viviendo fuera de su país y más de 1,6 millones han salido desde 2015.
Venezuela ha perdido más del 40 % de su producto interior bruto (PIB) en los últimos cuatro años y registra una inflación disparada, que se estima que alcance el 1.000.000 % este año, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
