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El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó este viernes una ley estatal para la reforma de los cuerpos policiales en Nueva York cuyo objetivo es reinventar los cuerpos policiales, contar con mayor transparencia, evitar los abusos y disminuir el racismo sistémico en las fuerzas del orden.
Cuomo recientemente compareció acompañado de la líder demócrata del senado neoyorquino, Andrea Stewart-Cousins, y del presidente de la asamblea estatal, Carl Heastie, así como de otros defensores de los derechos civiles como el reverendo Al Sharpton o las activistas Gwen Carr y Valerie Bell.
Las reformas plantean, entre otras cosas, la derogación del criticado artículo 50-a, que hasta ahora no permitía el acceso a los antecedentes y quejas sobre los agentes de policía para poder comprobar si durante el desempeño de su actividad ha existido un patrón racista.
En ambas Cámaras legislativas de Nueva York, de mayoría demócrata, se presentaron proyectos de ley la pasada semana con miras a una mayor transparencia en la policía.
"En todo el país existe una sensación compartida de enfado y frustración por la muerte de otro hombre negro desarmado a manos de las fuerzas del orden", dijo Heastie.
La 50-a se adoptó en 1976 para evitar que los abogados de defensa penal utilizaran los registros en el interrogatorio de policías que son testigos durante procesos penales y, durante años, grupos que reclaman reformas en la policía han luchado por su derogación, a lo que históricamente se han opuesto sindicatos y grupos que representan a la policías.
Estos cambios legislativos llegan tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, quien murió asfixiado en Minneapolis (Minesota) mientras era detenido por la Policía y que ha provocado una oleada de manifestaciones en Estados Unidos en contra del racismo sistémico.
Además de la medida para hacer públicos los registros de los agentes y las quejas de mala conducta, los legisladores aprobaron otros proyectos de ley para proporcionar a todos los policías estatales cámaras corporales y garantizar que los agentes de policía brindan atención médica y de salud mental a las personas detenidas.
La ley requiere que los Gobiernos y Administraciones locales desarrollen un plan que "reinvente y modernice las estrategias policiales", para lo cual deberán crear e implementar un plan antes del 1 de abril del próximo año.
Esos planes deben abordar el uso de la fuerza por parte de los agentes de policía, la gestión de multitudes, la vigilancia comunitaria, la capacitación implícita en el conocimiento de prejuicios, o las prácticas de reducción, entre otros asuntos.
