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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, subrayó ante las protestas y disturbios en Cataluña que "el Estado de derecho no puede ceder al impulso de la exaltación" y recalcó que "no habrá impunidad" ante los hechos "vandálicos" de los últimos días.
En rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez insistió en que cualquier decisión que se vaya a tomar en Cataluña "está prevista" y se ha diseñado, ha reiterado, bajo los principios de "firmeza democrática, unidad y proporcionalidad".
Pero también ha advertido que es la propia ley la que dicta cuándo se pueden tomar y cuándo no medidas extraordinarias.
Además ha considerado que esas medidas extraordinarias tienen que tener una "legitimidad social" y la gente debe entender cuándo se toman.
"La ponderación contribuye a calmar los ánimos y reconducir las situaciones, eso es lo que va a hacer el Gobierno de España", insistió el socialista Sánchez.
En esta jornada de huelga general en Cataluña, Sánchez ha subrayado que quienes ponen en duda la fortaleza del sistema democrático pueden ver que en España se respeta el derecho a la manifestación y debe ser protegido por todos los poderes, pero también debe ser ejercido de un modo "absolutamente pacífico sin afectar a los demás ciudadanos".
Por otro lado, tras día y medio reunido con los líderes europeos en Bruselas, ha asegurado que en las conversaciones de esta cumbre sobre Cataluña no han ido "más allá" de las preguntas de otros jefes de Gobierno sobre los hechos vandálicos y no ha percibido más que ese "interés mediático" de las imágenes de estos días.
Además ha exaltado la labor que han hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores, las embajadas y todo el cuerpo diplomático, dando ese mensaje "claro" de defensa del Estado social y democrático de derecho y de la fortaleza de la democracia española. "Estoy muy satisfecho con esa labor", ha añadido.
En Cataluña se convocó para hoy una huelga general independentista en rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo español, que el lunes condenó a penas de entre 9 y 13 años prisión a los dirigentes procesados por organizar un referéndum ilegal de "autodeterminación" en 2017.
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La huelga se desarrolla con cortes de carreteras y manifestaciones masivas, tras cuatro días de incidentes violentos en protestas callejeras contra la sentencia judicial que condenó a nueve líderes secesionistas.
