La FM en Google News
El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, será juzgado por la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2012, confirmó este martes la justicia. Otras trece personas serán juzgadas al mismo tiempo en esta causa.
El tribunal de casación, la más alta instancia judicial de Francia, rechazó el último recurso presentado por la defensa y Sarkozy tendrá que ser juzgado por "financiación ilegal de campaña electoral", un delito por el cual podría ser castigado con un año de prisión y 3.750 euros de multa.
El expresidente, de 64 años, es sospechoso de haber superado el límite autorizado de 22,5 millones de euros en gastos de campaña en marzo y abril de 2012, pese a las advertencias de los expertos contables.
Su juicio había sido decidido en 2017 pero hasta ahora la justicia tuvo que examinar recursos y apelaciones presentadas para impedirlo.
El exjefe de Estado estimó que ya había sido sancionado por estos hechos por el Consejo constitucional en 2013, que le había obligado a pagar más de 360.000 euros de multa y devolver la subvención pública, de casi 12 millones.
Sin embargo, esa sanción no tuvo en cuenta todos los gastos, que quedaron de manifiesto en 2014, cuando una investigación mostró facturas falsas que ocultaban las sumas astronómicas gastadas durante los mítines de campaña, organizados por una agencia de comunicación.
El abogado del expresidente argumenta que Sarkozy "no se ve afectado por los hechos", que serían sobre todo reprochables a la agencia de comunicación.
Hasta ahora, sólo un presidente de la V República francesa, Jacques Chirac, fallecido la semana pasada, tuvo que rendir cuentas ante la justicia. En ese caso, el exmandatario fue condenado en 2011 a dos años de cárcel por un escándalo de empleos ficticios cuando era alcalde de París. Chirac nunca fue a la cárcel y ni siquiera se presentó ante el juez, por razones de salud.
Le puede interesar: Trump le pidió al presidente de Australia información sobre la 'Trama Rusa'
Sarkozy tiene pendiente además otro proceso por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas.
Los magistrados chuzaron su teléfono ante las sospechas de que pudo recibir financiación del régimen libio de Muamar el Gadafi durante la campaña que en 2007 le llevó al Elíseo, algo por lo que fue imputado en marzo del año pasado.
