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El gobierno de Donald Trump empezará a revocar el Estatuto de Protección Temporal (TPS), una medida de protección contra las deportaciones para unos 300.000 venezolanos que están en Estados Unidos, según informó este domingo The New York Times (NYT).
El NYT, que cita una orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que aún no se ha hecho pública, indica que los venezolanos que recibieron el TPS en 2023 quedarán desprotegidos en un plazo de 60 días, después de que el gobierno publique el documento.
La orden citada atribuye la revocación a la secretaria del DHS, Kristi Noem, tras realizar la agencia una revisión de las "condiciones del país" y concluir que el TPS es "contrario" al "interés nacional de EE.UU.".
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El actual TPS, que permite a más de 600.000 venezolanos trabajar y residir legalmente en Estados Unidos, vence el próximo 10 de septiembre de 2025.
El pasado jueves, el gobierno de Trump revocó una extensión del TPS hasta octubre de 2026 que fue aprobada al final del mandato del expresidente demócrata Joe Biden.
El TPS es una ayuda que se otorga a los ciudadanos de un determinado país que han migrado a Estados Unidos por un desastre natural o un conflicto armado, y les permite vivir y trabajar allí hasta la fecha que el gobierno estadounidense considere que pueden regresar de manera segura.
De acuerdo con el New York Times, unos 250.000 venezolanos bajo las protecciones del TPS hasta septiembre no se verán afectados por esta revocación del alivio migratorio que está pendiente de oficializarse.
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La noticia se produce después de que Trump anunciara ayer que Venezuela ha aceptado encargarse del transporte y recibir a sus ciudadanos que sean deportados de EE.UU.
La semana pasada, el enviado especial de Trump, Ric Grenell, viajó a Caracas y se reunió con Nicolás Maduro, a quien EE.UU. no reconoce como presidente, en una misión para que Venezuela liberara a seis presos estadounidenses y aceptara vuelos de deportación.
Durante su primer gobierno, Trump intentó poner fin a las protecciones para los migrantes de varios países, entre ellos Haití, El Salvador y Sudán, pero los tribunales federales bloquearon algunos de esos intentos.
