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Al menos 42 personas murieron calcinadas y cerca de una treintena resultaron heridas en Zimbabue al incendiarse un autobús en la ciudad de Gwanda, en el suroeste del país, informaron este viernes fuentes policiales.
El accidente se produjo el jueves por la noche, cuando el autobús de pasajeros viajaba por la carretera de Bulawayo en dirección a Sudáfrica, según señaló la portavoz nacional de la Policía, subcomisaria Charity Charamba, en declaraciones recogidas por el diario estatal The Herald.
Aunque las autoridades no han señalado la causa del mismo, el vehículo quedó totalmente calcinado, como se observa en imágenes publicadas en redes sociales.
Los pasajeros comenzaron a oler gas en el interior del vehículo y cuando el conductor encendió las luces para ver qué ocurría, se inició el fuego, según explicaron varias víctimas en declaraciones a la televisión estatal ZBC.
El portavoz policial para la provincia de Matabeleland South (cuya capital es Gwanda), Philisani Ndebele, indicó que las investigaciones del suceso se encuentran en curso, en declaraciones recogidas también por la cadena pública.
La Cruz Roja de Zimbabue acudió a la zona para ayudar a los heridos, tal y como publicó en su perfil de la red social Twitter.
El suceso ocurrió casi diez días después de que 50 personas murieran, entre ellas dos niños, al chocar frontalmente dos autobuses en la principal carretera del este de Zimbabue.
Las carreteras de Zimbabue se cobran cientos de vidas cada año, debido al estado de las autovías, la poca señalización e iluminación y la temeridad de algunos conductores.
En junio del año pasado, 45 personas murieron cuando un autobús, que iba sobrecargado, se salió de la carretera y chocó contra un árbol.
En abril de 2017, 17 personas fallecieron carbonizadas al colisionar el autobús en el que viajaban con otro vehículo.
A la luz de estos siniestros, hay un creciente descontento entre la población, al considerar que las fuerzas de seguridad no hacen nada para evitar estos accidentes.
Según muchos zimbabuenses, la Policía solo establece controles de carretera para cobrar sobornos y no para hacer inspecciones de seguridad a los vehículos, en especial a autobuses y camiones.
