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El contexto
Opositores y seguidores del presidente venezolano Nicolás Maduro medirán este miércoles sus fuerzas en la calle, entre temores de nuevos brotes de violencia y una agudización de la grave crisis política y económica que sufre el país. La oposición promete que será "la madre de todas las marchas", la sexta en abril, para exigir elecciones generales y respeto al Parlamento, único de los poderes públicos que controla.
La tensión está al tope. La noche del martes Maduro anunció la activación de un operativo militar, policial y civil para derrotar un "golpe de Estado", del que acusa a la oposición y a Estados Unidos. "Estamos en horas cruciales del destino de nuestra patria y voy a estar al frente de esta batalla", manifestó el presidente socialista, acompañado del alto mando político y militar. Para la oposición, el plan de seguridad "busca intimidar", lo cual según dijo en un comunicado, "evidencia la fragilidad y el temor al pueblo en la calle".
Aunque los opositores pretenden llegar al corazón de la ciudad, Maduro advirtió que "el pueblo" tomará las calles y no podrán entrar a esa zona, bastión de los chavistas. "Si la derecha quiere marchar, que lo haga en el este", afirmó. Policías y militares les han bloqueado el paso en marchas anteriores y las calles de Caracas fueron escenario de choques con manifestantes enmascarados que lanzan piedras y cócteles molotov, entre nubes de gases lacrimógenos.
El gobierno acusa a la oposición de "terrorismo" y ésta a las fuerzas de seguridad de represión y torturas. La ola de protestas deja cinco muertos, decenas de heridos y más de 200 detenidos.
Inquietud internacional
Preocupados, once países de América Latina pidieron al gobierno chavista "garantizar" el derecho a protestar pacíficamente, lo que la cancillería calificó de "burda interferencia". Por su parte, el gobierno de Donald Trump lanzó una dura advertencia a los funcionarios públicos venezolanos de desistir de la represión.
"Estamos enfrentando una arremetida internacional (...) Estados Unidos ha dado la luz verde y el visto bueno para un proceso golpista de escalada para la intervención de Venezuela", reaccionó Maduro.
En una demostración de fuerza, el gobernante encabezó el lunes un acto militar en el que recibió de la Fuerza Armada, aliado clave con enorme poder político y económico, la promesa de "lealtad incondicional".
El jefe legislativo Julio Borges pidió entonces a los militares ser "leales" sólo a la Constitución, tras lo que Maduro lo acusó de encabezar el "llamado golpista" y a la rebelión militar, y lo amenazó con procesarlo judicialmente.
"Estamos convencidos de que el país sabe quienes son los golpistas y contra ellos marchará", subrayó en un comunicado la oposición, al señalar que Maduro insiste en "denunciar guerras imaginarias y conspiraciones inexistentes".
En lo que la oposición y algunos gobiernos interpretaron como otra forma de amedrentar, el mandatario anunció además la ampliación de las milicias a 500.000 civiles, cada uno con un fusil. Para el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien tilda a Maduro de "dictador" y promueve sanciones para Venezuela, el gobierno prepara una "acción represiva homicida" al armar a civiles.
La fueza de la calle
Los opositores volvieron a la calle el primero de abril luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiera las competencias del Parlamento y retirara la inmunidad a los diputados, desatando una protesta diplomática internacional que dos días después lo hizo dar marcha atrás.
La oposición denunció esos fallos como un "golpe de Estado" pero ese episodio la reanimó, superando aparentemente sus divisiones internas y recobrando apoyo popular que perdió tras fracasar en su plan de revocar el mandato de Maduro en un referendo.
"No es el día final, pero esta marcha pondrá de relieve la fuerza que la oposición es capaz de convocar y los costos que potencialmente le puede generar al gobierno si persiste en evitar elecciones en el corto plazo", afirmó a la AFP el politólogo John Magdaleno.
Analistas estiman que Maduro, cuyo mandato concluye en enero de 2019, evita a toda costa medirse en elecciones. Siete de cada diez venezolanos reprueban su gobierno, cansados de la escasez y una brutal inflación que el FMI estima será de 720,5% este año.
