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Un millón de personas se manifestaron este domingo en el centro de Barcelona por la unidad de España dos días después de proclamarse la independencia de Cataluña, según las cifras ofrecidas por la delegación del gobierno español en la región.
Previamente, la policía municipal había cifrado en 300.000 personas los asistentes a esta manifestación bajo el lema "Todos somos Cataluña", y sus organizadores en 1,3 millones de personas reunidas bajo un mar de banderas europeas, catalanas y españolas.
Inquietos tras la declaración de independencia, cientos de miles de catalanes contrarios a la secesión marcharon este domingo en Barcelona mostrando la división en la región, por cuyo control pugnan el gobierno español y el destituido ejecutivo independentista catalán.
Bajo el lema "¡Todos somos Cataluña!" y un mar de banderas españolas y catalanas, una multitud de personas se concentró en el elegante paseo de Gracia de la capital catalana: 300.000 según la policía local y 1,1 millones según los organizadores.
Respaldada por los principales partidos no separatistas, la marcha fue convocada por la asociación Sociedad Civil Catalana (SCC), que ya congregó una marcha masiva una semana después del referéndum inconstitucional sobre la secesión del 1 de octubre.
Años de tensiones entre el gobierno regional, con sede en Barcelona, y el central, en Madrid, culminaron el viernes con dos hechos sin precedentes en la historia moderna del país: el parlamento regional declaró la independencia y el ejecutivo español de Mariano Rajoy destituyó al gobierno catalán y tomó el control de su administración.
"Un momento dramático"
"Ha sido una locura que nos ha llevado al precipicio", repudió Álex Ramos, vicepresidente de SCC, en referencia a la proclamación de la república por la mayoría independentista del parlamento catalán y no reconocida por ningún país.
"Es un momento dramática en la historia de España, un momento tremendamente difícil y peligroso", advirtió el expresidente del Parlamento europeo, el catalán Josep Borrell, pidiendo a los manifestantes "serenidad" para "seguir viviendo juntos".
Y es que en esta región con 7,5 millones de habitantes, con un idioma propio pero muchos de sus habitantes procedentes de otras partes de España, la sociedad está dividida a partes iguales sobre la secesión.
Y ahora viven en realidades paralelas: mientras unos creen estar en una república independiente, otros se muestran aliviados tras la intervención del gobierno español, a quien piden más mano dura.
"¡Puigdemont a prisión, Puigdemont a prisión!", gritaban en la marcha sobre el presidente regional Carles Puigdemont, destituido el viernes por Mariano Rajoy.
"Nos han tomado el pelo. Es ilegal lo que han hecho", reprocha a los independentistas Miguel Ángel García, jubilado de 70 años. "Si Madrid no hace pagar responsabilidades, judicialmente o como sea, me sentiré estafado completamente".
"El presidente es Puigdemont"
Por segundo día consecutivo, la región se despertó sin saber quién llevaba las riendas de su administración, en cuyos edificios seguían ondeando las banderas españolas.
Oficialmente, las funciones del gobierno regional las asumió la vicepresidenta del ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría. También el parlamento está disuelto hasta las elecciones convocadas por Rajoy, el 21 de diciembre.
Además, más de 150 altos cargos fueron cesados, la red de embajadas catalanas abiertas en los últimos años cerrada y la cúpula de la policía regional, los Mossos d'Esquadra, relevada por órdenes del Ministerio del Interior.
Pero los líderes independentistas no reconocieron su cese. En una carta en el diario El Punt-Avui, Oriol Junqueras, el vicepresidente del ejecutivo destituido por Madrid, aseguraba que "el presidente del país es y seguirá siendo Carles Puigdemont".
"No podemos reconocer el golpe de Estado contra Cataluña, ni ninguna de las decisiones antidemocráticas que está adoptando el Partido Popular [de Rajoy] con control remoto desde Madrid", añadió.
Menos explícito fue Puigdemont, que en un mensaje televisado el sábado apeló a "la oposición democrática a la aplicación del artículo 155" de la Constitución, que ha permitido al gobierno español tomar el control de Cataluña, pero siempre de forma pacífica.
Según explicó su abogado Jaume Alonso-Cuevillas a la AFP, actualmente hay "dos legalidades coexistiendo" en Cataluña, la española y la de la nueva "república catalana", y los próximos días serán claves para ver cuál se impone.
Una fecha marcada en rojo en el calendario es el lunes, cuando los dirigentes destituidos o los diputados del parlamento disuelto podrían intentar volver a sus puestos de trabajo.
También se espera que la fiscalía española se querelle contra Puigdemont por "rebelión" en los próximos días, un delito penado con hasta 30 años de prisión.
El dilema electoral
A pesar de las causas judiciales abiertas contra él, el gobierno español entiende que el líder independentista catalán podría presentarse a las elecciones convocadas en diciembre.
"Se anima a participar a todo el mundo y Puigdemont está invitado a presentarse", dijo el embajador español en Francia, Fernando Carderera.
Esta convocatoria anunciada por Rajoy el viernes desconcertó a los independentistas y les abrió un dilema: ¿participar y darles legitimidad o ausentarse y dejar el terreno libre a los partidos contrarios a la secesión que están ganando terreno?
Según una encuesta publicada este domingo por el diario El Mundo, los partidos independentistas perderían en unos comicios la mayoría absoluta obtenida en septiembre de 2015, pasando de 72 escaños sobre 135 a una horquilla entre 61 y 65.
Con información de AFP
