Por primera vez en la historia, la Corte Penal Internacional declara a un Estado responsable de genocidio

Israel espera además la decisión de la Corte sobre si cometió genocidio o no en Gaza, una denuncia presentada por Sudáfrica.
Refugiados rohingya observan en una pantalla el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre si Myanmar cometió genocidio contra los musulmanes rohingya
Refugiados rohingya observan en una pantalla el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre si Myanmar cometió genocidio contra los musulmanes rohingya Crédito: AFP

Durante años, Lucky Karim ha recordado la huida de su aldea en Myanmar cuando tenía apenas 14 años. En 2017, mientras los militares incendiaban las viviendas de la comunidad rohinyá, su familia emprendió un recorrido de una semana hacia Bangladesh. Cuando llegaron a su destino, el lugar donde habían vivido era una ruina. "Simplemente sigues corriendo hasta que te dicen que pares", recordó Karim.

Casi una década después, el sufrimiento de esa comunidad recibió un reconocimiento histórico en La Haya. Este jueves 19 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que Myanmar cometió genocidio contra la población rohinyá durante las operaciones militares de 2017 en el estado de Rakáin, en el norte del país. La decisión, adoptada por nueve votos contra seis, es la primera ocasión en que el tribunal declara a un Estado responsable de cometer ese crimen.

El fallo pone fin a siete años de litigio internacional iniciado por Gambia y establece que Myanmar incumplió sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Los jueces consideraron probados los asesinatos de miles de civiles, la violencia sexual generalizada, los ataques contra niños y la destrucción sistemática de aldeas. También concluyeron que las acciones del Ejército respondieron a la intención de destruir una parte sustancial de la población rohinyá.

Una persecución que obligó a más de 700.000 personas a huir

La ofensiva militar de 2017 se desarrolló durante aproximadamente dos meses y medio en el estado de Rakáin. Las fuerzas de seguridad asesinaron a miles de personas, cometieron violaciones y otras agresiones sexuales y arrasaron cientos de poblaciones. Más de 700.000 rohinyá cruzaron el río Naf hacia Bangladesh para escapar de la violencia, donde muchos permanecen en campos de refugiados.

La persecución, sin embargo, no comenzó ese año. Durante décadas, esta minoría musulmana enfrentó restricciones a la libertad de movimiento, dificultades para acceder a servicios de salud y educación y la negación de su ciudadanía. La situación se agravó en 2012, cuando miles de personas fueron desplazadas de sus hogares durante enfrentamientos sectarios y obligadas a vivir en campamentos en condiciones precarias.

Karim relató que, antes de la ofensiva de 2017, los militares realizaron detenciones y redadas en las comunidades rohinyá. La población había aprendido a temer las operaciones que coincidían con celebraciones musulmanas, pero no esperaba que aquella persecución terminara con la destrucción de sus hogares y un desplazamiento masivo.

El proceso ante la CIJ comenzó en 2019, cuando Gambia presentó una demanda contra Myanmar por violar la Convención contra el Genocidio. Fue un caso significativo porque un país que no comparte frontera con Myanmar ni era directamente víctima de los hechos llevó la denuncia ante el máximo tribunal de Naciones Unidas, en defensa de una obligación internacional que compromete a todos los Estados parte del tratado.

Qué ordenó la Corte y qué significa el fallo

Además de declarar responsable a Myanmar, la CIJ estableció que el Estado incumplió sus obligaciones de prevenir y castigar el genocidio y de conservar las pruebas relacionadas con los crímenes denunciados. El tribunal ordenó investigar a las personas sospechosas de participar en los hechos y, cuando corresponda, procesarlas y sancionarlas.

La sentencia también obliga a Myanmar a adoptar garantías para evitar que se repitan hechos similares y a reparar los daños causados a la población rohinyá. Entre las medidas ordenadas están facilitar el retorno seguro, voluntario y digno de los refugiados, permitir la reunificación familiar y establecer mecanismos de restitución y compensación. El tribunal determinará posteriormente el monto y las modalidades de esas reparaciones. Myanmar deberá presentar un informe sobre las medidas adoptadas en un plazo de dos años.

El fallo es definitivo y no admite apelación. Sin embargo, la CIJ no tiene facultades para condenar penalmente a personas ni dispone de una fuerza propia para ejecutar sus decisiones. La responsabilidad individual de los militares y otros posibles responsables deberá establecerse mediante procesos penales separados.

Por eso, el alcance de la decisión dependerá también de la respuesta de otros países y de los organismos internacionales. El exrelator especial de Naciones Unidas para Myanmar, Tom Andrews, advirtió que una declaración judicial no garantiza por sí sola la justicia y reclamó medidas de la comunidad internacional para que los responsables rindan cuentas.

La situación política de Myanmar añade dificultades. El golpe militar de febrero de 2021, que derrocó al Gobierno de Aung San Suu Kyi, desencadenó una guerra civil y consolidó el poder de la junta encabezada por Min Aung Hlaing. Aunque el régimen enfrentó aislamiento diplomático, en los últimos años ha buscado recuperar contactos internacionales, mientras continúa el conflicto armado en distintas regiones del país.

El precedente que podría influir en el caso de Israel

La sentencia también será observada por sus posibles efectos en otros procesos internacionales, especialmente la demanda que Sudáfrica presentó contra Israel ante la misma corte en diciembre de 2023, en la que acusa al Estado israelí de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza.

Uno de los aspectos más importantes será la interpretación de la intención genocida, un elemento central para establecer la responsabilidad por este delito. En el caso de Myanmar, los jueces concluyeron que la intención de destruir una parte sustancial del grupo rohinyá era la única explicación razonable de las acciones militares, a partir del conjunto de pruebas examinadas.

Expertos en derecho internacional consideran que el criterio utilizado podría tener consecuencias para los procesos posteriores. William Schabas, profesor de la Universidad de Middlesex y antiguo integrante del equipo de defensa de Myanmar, sostuvo que una decisión de esta naturaleza aumenta la relevancia de los argumentos jurídicos planteados en el caso contra Israel. Otros especialistas siguen de cerca si la CIJ mantiene el mismo estándar probatorio para determinar la intención de cometer genocidio.

El proceso también podría dejar precedentes sobre el valor de las investigaciones de Naciones Unidas como prueba y sobre la violencia sexual y reproductiva como elementos de una campaña genocida. En el caso de los rohinyá, las agresiones contra mujeres y niñas tuvieron un papel central en los argumentos presentados por Gambia.

Para Karim, el resultado representa un reconocimiento histórico, aunque no necesariamente una solución inmediata. El refugiado, que ahora vive en Estados Unidos, ha trabajado con otros miembros de su comunidad para explicar a las familias en los campos de Bangladesh que la decisión no significa que puedan regresar de inmediato ni que los responsables serán encarcelados automáticamente.

"Un simple documento no cambia la realidad sobre el terreno de inmediato", afirmó. La sentencia establece una responsabilidad internacional que Myanmar deberá cumplir, pero el regreso de los refugiados y la rendición de cuentas dependerán de que las órdenes judiciales se traduzcan en medidas concretas.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la Corte Internacional de Justicia declaró que Myanmar cometió genocidio?

La CIJ concluyó que las operaciones militares de 2017 contra los rohinyá incluyeron asesinatos, violencia sexual generalizada y ataques contra niños, y que fueron ejecutadas con la intención de destruir una parte sustancial de esa población.

¿Qué ocurrió con los rohinyá durante las operaciones militares de 2017?

El Ejército de Myanmar asesinó a miles de personas, cometió agresiones sexuales y destruyó cientos de aldeas en el estado de Rakáin. Más de 700.000 integrantes de esta minoría huyeron hacia Bangladesh.

¿Qué consecuencias tiene la sentencia contra Myanmar?

El Estado debe investigar y, cuando corresponda, procesar a los responsables, adoptar medidas para evitar nuevos crímenes y reparar a las víctimas. También debe facilitar el retorno seguro y voluntario de los refugiados y presentar un informe sobre las medidas adoptadas en un plazo de dos años.

¿Quién llevó a Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia?

Gambia presentó la demanda en 2019, al considerar que Myanmar había violado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El caso fue presentado en defensa de las obligaciones internacionales establecidas en ese tratado.

¿Cómo puede influir el fallo en el caso de Israel ante la CIJ?

La decisión puede servir como precedente para el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio en Gaza, especialmente en la interpretación de la intención genocida y los criterios para valorar las pruebas. Sin embargo, la CIJ todavía no ha emitido una sentencia definitiva sobre ese caso.


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