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En un intento por poner fin al enfrentamiento entre Caracas y Washington, altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro ofrecieron a la administración de Donald Trump un amplio paquete de concesiones económicas, incluyendo una participación dominante para empresas estadounidenses en el petróleo y las riquezas minerales de Venezuela, según confirmaron varias fuentes cercanas a las negociaciones al New York Times.
Las conversaciones, que se extendieron durante varios meses, se dieron en un contexto de máxima tensión entre ambos gobiernos: mientras Estados Unidos calificaba al régimen venezolano de “cartel narcoterrorista” y desplegaba buques de guerra en el Caribe, Caracas buscaba evitar una confrontación directa ofreciendo abrir completamente su sector energético y minero a capital estadounidense.
Según los términos discutidos revelados por el diario neoyorquino, Maduro estaba dispuesto a revertir las exportaciones petroleras hacia China y redirigirlas a Estados Unidos, además de cancelar contratos con empresas rusas, iraníes y chinas. A cambio, buscaba el levantamiento de sanciones y una progresiva normalización diplomática y comercial.
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Sin embargo, la Casa Blanca terminó rechazando el acuerdo, y la diplomacia se interrumpió la semana pasada, lo que dejó en suspenso cualquier posibilidad de entendimiento, según fuentes con conocimiento directo de las conversaciones.
La línea dura de Washington
El secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, lideró la posición más intransigente dentro del gobierno estadounidense, calificando a Maduro de “líder ilegítimo y fugitivo de la justicia estadounidense”. Rubio se opuso abiertamente a la estrategia diplomática del enviado especial Richard Grenell, quien encabezó los contactos secretos con los asesores del mandatario venezolano.
“Los esfuerzos de Grenell representaban la diplomacia más ambiciosa de recursos durante el segundo mandato del presidente Trump”, dijo una fuente familiarizada con las conversaciones. Pese a los avances en cuestiones económicas, no hubo acuerdo sobre el futuro político de Maduro, a quien el canciller venezolano Yván Gil ya había descartado negociar su salida.
Un viraje en la política petrolera venezolana
El plan de Maduro habría significado una ruptura histórica con el legado nacionalista de Hugo Chávez, al permitir que empresas estadounidenses controlaran la producción y comercialización de petróleo, gas, oro y coltán, minerales estratégicos para la industria tecnológica, señala el periódico.
Venezuela, que hoy produce alrededor de un millón de barriles diarios, buscaba duplicar o incluso triplicar su producción con una inyección de capital extranjero. En paralelo, el gobierno de Maduro restringió los envíos de petróleo a Cuba para maximizar los ingresos ante la presión estadounidense, lo que agravó la crisis energética en la isla.
Mientras tanto, empresas como Chevron y ConocoPhillips comenzaron a retomar conversaciones con Caracas. Chevron obtuvo en julio la restitución de su licencia del Departamento del Tesoro de EE. UU., lo que le permitió operar plenamente en el país. En tanto, Conoco negocia un acuerdo de comercialización de crudo con la petrolera estatal PDVSA, según personas cercanas a las tratativas.
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La oposición venezolana y su propuesta alternativa
Mientras los emisarios de Maduro y Trump exploraban un entendimiento económico, la líder opositora María Corina Machado —recién galardonada con el Premio Nobel de la Paz— presentó en Washington una propuesta alternativa de inversión. Su equipo económico calculó que, bajo un gobierno democrático, las oportunidades para las empresas estadounidenses podrían alcanzar 1,7 billones de dólares en 15 años.
Su asesora, Sary Levy, cuestionó duramente las ofertas de Maduro: “Lo que Maduro ofrece a los inversionistas no es estabilidad, sino control, un control mantenido mediante el terrorismo. La administración Trump ha demostrado una clara intención de no caer en estas ofertas de soluciones fáciles.”
A pesar del fracaso diplomático, los canales económicos permanecen abiertos. En las últimas semanas, el Tesoro estadounidense otorgó una licencia a Shell para reanudar operaciones en el yacimiento de gas Dragón, ubicado frente a la costa venezolana. Según fuentes vinculadas al proyecto, el gas será procesado y exportado desde Trinidad y Tobago, mientras que Shell financiará proyectos sociales en Venezuela como parte del acuerdo.
Rubio ha asegurado que Estados Unidos “garantizará que el proyecto Dragón no brinde beneficios significativos al régimen de Maduro”, pero para el gobierno venezolano el acuerdo representa una victoria simbólica, al demostrar que “Venezuela sigue abierta a los negocios”.
