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La celebración o no este martes 30 de Enero en el Parlamento catalán de la sesión para investir presidente regional al independentista Carles Puigdemont, refugiado en Bruselas desde hace tres meses, y si éste regresará a Cataluña, mantiene en vilo a la clase política y a los tribunales de España.
Puigdemont, se fugó a Bélgica para evitar comparecer ante la Justicia española que lo acusa de los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, es el único candidato propuesto por el independentismo catalán, con mayoría en la Cámara autonómica, para presidir el nuevo Gobierno regional.
A menos de 24 horas de la fecha marcada para el debate en el que sería investido nada es seguro, ni siquiera la celebración de dicha sesión, que ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno de España, al igual que la candidatura de Puigdemont, al que considera un prófugo de la Justicia.
El TC ha eludido hasta el momento manifestarse al respecto, aunque sí ha adoptado una medida cautelar consistente en prohibir que el pleno de investidura se celebre sin la presencia física del candidato, bien por videoconferencia o por delegación a otro diputado de la lectura de su discurso.
Una decisión que "ha reconfortado" a todos, porque "alguien que ha pretendido liquidar la unidad nacional no puede ser presidente de nada", dijo hoy el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy (PP, centroderecha), y que ha sido recurrida por el grupo parlamentario que encabeza el expresidente regional catalán, Juntos por Cataluña (JxCat).
Según JxCat, estas medidas "vulneran derechos fundamentales", dado que no han sido solicitadas por ninguna de las partes, e "invaden la autonomía del Parlamento" local y la "competencia exclusiva de la Mesa" de la cámara catalana en la aplicación e interpretación de su reglamento.
Sobre Puigdemont pesa una orden de detención emitida por el Tribunal Supremo, de modo que si pisa suelo español será detenido y llevado ante un juez que le investiga por su impulso al ilegal proceso independentista en Cataluña.
En un nuevo intento para evitarlo, el dirigente independentista dirigió un escrito al Alto Tribunal en el que acredita su condición de diputado electo y subraya que puede ejercer los derechos que le son inherentes sin necesidad de "autorización judicial".
En su escrito, los abogados de Puigdemont avalan su condición de diputado, con todos los derechos y prerrogativas que le son inherentes, "especialmente el de inmunidad parlamentaria", por lo que entiende que no le hace falta pedir "ningún tipo de autorización judicial para el ejercicio de estos derechos".
En ese sentido, la Fiscalía española ya avisó hace unos días al independentista catalán de que la condición de inmunidad no significa que no se pueda ordenar su ingreso en prisión por orden judicial.
Apurando sus posibilidades, Puigdemont pidió además hoy "amparo" al presidente del Parlamento regional, el también independentista Roger Torrent (ERC-republicanos de izquierdas), para poder someterse al pleno.
En su escrito señala a Torrent que el Estado español lleva a cabo "actuaciones judiciales y gubernamentales encaminadas a obstaculizar el ejercicio" de su mandato como diputado y como candidato a la presidencia del Ejecutivo regional.
Y, en concreto, a impedir que pueda asistir al pleno de investidura del nuevo presidente, previsto para mañana a las 14.00.
Por eso pide "amparo", que es una figura parlamentaria sinónima de ayuda, y que "adopte las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas" del Parlamento autonómico.
Está previsto que la Mesa de esa Cámara se reúna a primera hora del martes para decidir si mantiene el pleno de la tarde y, en caso afirmativo, con qué formato.
Pese al cúmulo de especulaciones sobre un eventual retorno de Puigdemont, diversas fuentes soberanistas no creen en la hipótesis de su vuelta, dado que se le abriría un futuro judicial tan incierto o más que el de los otros cuatro líderes independentistas que están en prisión preventiva por los mismos supuestos delitos.
Partiendo de la base de que el expresidente catalán no haga acto de presencia, los escenarios posibles pasarían por desconvocar o aplazar el debate para evitar problemas legales o sacrificar a Puigdemont y elegir un candidato distinto, algo que no se descarta ni dentro de las propias filas independentistas.
Con información de EFE
