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Es un pequeño partido anticapitalista y separatista con un puñado de diputados en el Parlamento catalán, pero la CUP ha desempeñado un papel decisivo en momentos clave del movimiento independentista en la región española.
Esta formación de izquierda radical vuelve a tener la última palabra este domingo, cuando en asambleas decidirá si sus cuatro representantes se abstienen el lunes para permitir que una mayoría independentista invista a Quim Torra como nuevo presidente regional, como sucesor del cesado Carles Puigdemont.
Pero si las bases de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), que sólo acepta una candidatura de Puigdemont, deciden votar en contra, abocará casi con seguridad a la región de 7,5 millones de habitantes a nuevas elecciones, que se convocarán automáticamente el 22 de mayo si no hay gobierno.
Proponer a Torra fue un "acto de vasallaje" de los principales partidos independentistas ante el gobierno español, criticó en duros términos el sábado Carlos Riera, el portavoz de la CUP, una formación que no ha dejado de exigir una desobediencia abierta frente a Madrid desde la fallida declaración de independencia del 27 de octubre.
Desde entonces, militantes de la CUP han animado a los llamados Comités de Defensa de la República, grupos radicales que han mantenido la agitación callejera con protestas.
La apuesta combativa de la CUP parece darles réditos: la formación pasaría de 4 a 11 diputados en unas eventuales elecciones, según un sondeo divulgado el viernes, que dibujó el perfil de sus votantes: en su mayoría jóvenes (alta representación en los tramos de 18 a 49 años), nacidos en Cataluña (90% contra el 67% del total del censo) y con nivel elevado de estudios (casi 50% al menos universitarios).
Ya los diputados de la CUP, necesarios para que los independentistas impongan su mayoría, mostraron su poder en 2016, cuando forzaron la renuncia del entonces presidente catalán conservador Artur Mas a favor de Puigdemont. Meses después, este último debió hacer frente a una revuelta de la formación por los presupuestos regionales que casi hace caer su gobierno.
Defensores de la ruptura
Nacido a finales de 1980, este movimiento ciudadano que toma todas sus decisiones en asambleas municipales llegó por primera vez al Parlamento catalán en 2012 con tres diputados. Al calor de la indignación social por la crisis económica, prometieron ser "el caballo de Troya de las clases populares".
En las regionales de septiembre de 2015 la CUP triplicó su representación, con 337.794 votos (8,21%) que les otorgaron diez representantes en la cámara catalana de 135 escaños, donde suelen vestir informalmente con camisetas reivindicativas.
Fueron férreos defensores de la apuesta secesionista, que desembocó en un referéndum de autodeterminación, celebrado el 1 de octubre pese a la prohibición de la justicia y marcado por la violencia policial, y la posterior declaración de independencia, que celebraron puño en alto en las escaleras de la cámara.
Esos hechos llevaron al procesamiento judicial de 25 líderes independentistas por rebelión, nueve de ellos en prisión preventiva y otros siete en exilio voluntario, conduciendo a una moderación a los dos partidos mayoritarios independentistas, el conservador PDECAT y el izquierdista ERC.
Con sólo dos dirigentes afectadas, Mireia Boya y Ana Gabriel imputadas de desobediencia, un delito menor, la CUP se ha mantenido abanderando la línea rupturista.
Ambas ex representantes fueron imputadas, Boya espera su juicio en libertad mientras que Gabriel no acudió a la citación del Tribunal Supremo y se instaló en Suiza, alegando que no recibiría un proceso "justo" en España, donde pesa una orden de detención en caso de que regrese.
Con información de AFP
