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La líder opositora peruana Keiko Fujimori fue detenida luego de que la justicia ordenara que vuelva a prisión preventiva, como parte de una investigación sobre el escándalo de corrupción de Odebrecht.
La decisión es un nuevo golpe al fujimorismo, dos días después de que esa fuerza política recibiera un voto castigo en las urnas, que selló el fin de su hegemonía en el Congreso.
"Impongo prisión preventiva por el plazo de 15 meses a la investigada", declaró el juez Víctor Zúñiga, tras exponer durante 10 horas los argumentos de su decisión, en una audiencia a la que Keiko se sumó en los minutos finales.
Keiko, quien vestía una blusa negra y quien abrazó y besó a su marido antes de entrar a la sala de audiencia, fue detenida de inmediato por la policía para ser conducida a la cárcel de mujeres de Chorrillos, en el sur de Lima.
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"Si ustedes están viendo este video es porque el juez Víctor Zúñiga decidió injustamente enviarme a la cárcel nuevamente (...). Esto no es justicia, esto es ajusticiamiento", declaró Keiko en un video divulgado en las redes sociales minutos después de que fuera detenida.
Su abogada, Giulliana Loza, anunció que apelará la medida, mientras que la Fiscalía se declaró conforme con el fallo, a pesar de que había solicitado 18 meses de prisión preventiva, afirmando que había riesgo de que huyera del país.
Keiko, de 44 años, es investigada en el marco del escándalo de presuntos pagos ilegales a políticos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, que salpica también a cuatro expresidentes peruanos.
La primogénita del encarcelado expresidente, Alberto Fujimori, previamente estuvo 13 meses en prisión preventiva hasta que fue liberada en noviembre por un fallo del Tribunal Constitucional, pero la fiscalía presentó nuevos cargos y pidió que vuelva a prisión.
La Fiscalía asegura que la dirigente recibió aportes ilegales de Odebrecht y de otras fuentes para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016, en las que acarició la presidencia de Perú.
A la acusación inicial de lavado de activos, la fiscalía sumó las de obstrucción a la justicia, asociación ilícita, falsedad genérica, fraude procesal y organización criminal.
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