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La justicia italiana condenó a cadena perpetua a 24 represores sudamericanos, la mayoría en ausencia, por la desaparición y muerte de 23 opositores de origen italiano en el marco del Plan Cóndor, indicaron fuentes judiciales.
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Los jueces de la Corte de Apelación de Roma consideraron a un grupo de militares y policías de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay responsables del operativo militar pactado entre las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 para secuestrar y ejecutar a los disidentes.
Entre los condenados figura el ítalo-uruguayo Jorge Tróccoli, ex capitán de navío y poseedor de pasaporte italiano, quien asistió a la primera audiencia del juicio celebrada en febrero del 2015 y el único que reside libremente en Italia.
En la lista de acusados aparecen también el exministro del Interior de Bolivia Luis Arce Gómez, el expresidente de Perú Francisco Morales Bermúdez y el exministro de Relaciones Exteriores de Uruguay Juan Carlos Blanco. Todos fueron condenados por homicidio voluntario con agravantes.
La condena suscitó emoción entre el grupo de familiares y autoridades de América Latina que asistieron a la lectura del fallo.
"Es una sentencia importante y emocionante para Uruguay y para las víctimas", reaccionó Miguel Toma, Secretario de la Presidencia de Uruguay, quien viajó a Italia para la ocasión.
"Hemos venido hasta aquí, a Roma, para sostener la lucha contra la impunidad y porque tenemos la obligación de no olvidar", aseguró por su parte el viceministro de Justicia boliviano, Javier Moncada.
La condena fue pronunciada al término de cuatro años y numerosas audiencias, durante las cuales comparecieron testimonios, expertos, familiares y compañeros de detención de las víctimas.
Los jueces revirtieron parte del fallo emitido en 2017 y que había defraudado a los familiares tras la absolución de varios militares y agentes de los servicios secretos.
"Un fallo que está por encima de nuestras expectativas", reconoció Giancarlo Maniga, abogado de los familiares de las víctimas.
Familiares, políticos, representantes de derechos humanos de los países involucrados viajaron a Roma para asistir a la lectura de la sentencia, ya que piden justicia desde hace más de 40 años.
Las investigaciones sobre la temida estrategia aplicada por los regímenes militares del Cono Sur fueron iniciadas hace más de quince años a raíz de las denuncias presentadas en Italia por los familiares de italianos asesinados o desaparecidos, entre ellos la italo-uruguaya Aurora Melloni, viuda de Alvaro Daniel Banfi, ametrallado junto a otros militantes de izquierda en octubre de 1974 cerca de Buenos Aires, en Argentina.
Tras una larga investigación, el fiscal italiano Giancarlo Capaldo, abrió juicio contra un grupo de 34 exoficiales y civiles, agentes de la policía y de los servicios secretos de Chile, Uruguay, Bolivia y Perú, varios de ellos ya murieron.
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Debido a una serie de impedimentos burocráticos, la justicia decidió juzgar por separado a 50 argentinos así como a varios paraguayos y brasileños por los mismos delitos
