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A un año del referéndum de autodeterminación ilegal, el movimiento independentista catalán mostró su división este lunes al conmemorar el aniversario en una jornada marcada por los cortes de carretera y líneas ferroviarias por parte de los más radicales.
"Estamos algo decepcionados porque el pueblo empuja todo lo que puede e incluso más y ellos (los políticos) no responden", se quejó Francesc Serra, un jardinero de 43 años, en una multitudinaria manifestación en Barcelona la tarde del lunes.
Unas 180.000 personas según la policía municipal participaron en esta marcha convocada por asociaciones independentistas que reclaman la instauración de la república prometida y a la que asistió el presidente regional Quim Torra, fuertemente abucheado por los asistentes.
"Abandonad la sumisión al Estado español (...) o dimitid", le lanzó una mujer desde el escenario, mientras la multitud le gritaba "el pueblo manda, gobierno desobedece".
Gritos similares se escucharon en las protestas matutinas de los llamados los Comités de Defensa de la República (CDR): "Torra dimisión", "tu presidencia se ha acabado", gritaban entre banderas secesionistas y botes de humo amarillo.
"Recuerdo el 1 de octubre con pena, dolor y orgullo por lo que conseguimos pero también desilusionada porque no han cumplido con lo que nos prometieron", dijo Ana Sarabia, de 48 años.
Además de bloquear varias calles del centro de Barcelona, colapsando en ocasiones la circulación, estos grupos radicales también cortaron durante dos horas la línea del tren de alta velocidad con Francia y varias autopistas.
Ruptura vs. diálogo
La división en el independentismo es entre quienes apuestan por continuar con la vía de ruptura unilateral y los partidarios del diálogo iniciado por el nuevo presidente Quim Torra con el gobierno español del socialista Pedro Sánchez.
Esto ocurre un año después de que un frente independentista unido impulsara el referéndum, bajo el gobierno regional de Carles Puigdemont, y luego, el 27 de octubre, el Parlamento regional proclamara una república que nunca se llegó a aplicar.
Incluso Puigdemont, desde Bélgica, parecía desmarcarse ligeramente de la estrategia de los nuevos dirigentes, que por ahora han aparcado la vía de la desobediencia.
"No nos entretengamos demasiado con el juego de espejos y lentejuelas con que el Estado intenta maquillar su deteriorada imagen internacional (...) Vayamos tirando como decidimos hace un año", aseguró en un vídeo colgado en Twitter.
La movilización de este lunes sucede a dos días de que la policía regional, controlada por Torra, hiriera a 24 independentistas y detuviera a otros 6 cuando intentaban ingresar al sector donde se desarrollaba una manifestación para homenajear a los agentes enviados hace un año por Madrid para evitar el referéndum.
En este contexto, Torra aplaudió las acciones de los CDR: "Hacen bien en apretar", aseguró en un acto en Sant Julia de Ramis, el pueblo donde la policía impidió el voto de Puigdemont en el referéndum de 2017.
"Este es un momento en que todos debemos contribuir cada uno desde su papel institucional a llamar a la serenidad y al orden", le respondió en Madrid el ministro de Exteriores, Josep Borrell.
En proceso de distensión
La votación del año anterior supuso el momento de máxima tensión con el gobierno español dirigido entonces por Mariano Rajoy tras años de auge del independentismo en esta región de 7,5 millones, dividida a partes iguales sobre la secesión.
A pesar de la prohibición explícita de la justicia y el envío de miles de policías por parte del gobierno español, los dirigentes independentistas tiraron adelante esta votación con la colaboración de miles de ciudadanos anónimos.
Con órdenes de incautar el material electoral, los agentes policiales cargaron con mucha contundencia contra las decenas de electores que se concentraban frente a los puntos de votación.
Esas imágenes "dañaron gravemente la reputación española", afirmó la portavoz gubernamental Isabel Celáa.
Pero no es un "día para celebrar en absoluto para el imaginario independentista que se dio de bruces con el principio de realidad", añadió.
Y es que cuando el Parlamento catalán declaró la independencia cuatro semanas después, ningún país la reconoció y el ejecutivo español de Rajoy no tuvo problemas para destituir al ejecutivo regional y disolver la cámara para convocar nuevos comicios.
Siete de los responsables de ese intento de secesión, como el mismo Puigdemont, se encuentran ahora en el extranjero y otros nueve están en prisión a la espera de ser juzgados por rebelión, delito por el que pueden condenarles a hasta 25 años de cárcel.
Con la llegada de Sánchez en junio, prometiendo un acercamiento a Cataluña, se reestablecieron los contactos entre ambos gobiernos pero la solución todavía se augura lejana por sus posturas radicalmente opuestas sobre permitir o no un referéndum legal en Cataluña.
