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Un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW) y Cristosal reveló que los venezolanos deportados por el gobierno de Estados Unidos a El Salvador entre marzo y abril de 2025 fueron sometidos a tortura, desaparición forzada y violencia sexual dentro del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las prisiones más vigiladas del país centroamericano.
El documento, de 90 páginas y titulado “‘Llegaron al infierno’: Tortura y otros abusos contra venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador”, detalla una serie de violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas contra las 252 personas enviadas desde Estados Unidos, entre ellas decenas de solicitantes de asilo que habían huido de la persecución en Venezuela.
Según HRW, estas deportaciones constituyeron devoluciones ilegales, ya que el gobierno estadounidense trasladó a personas a un país donde corrían riesgo de sufrir tortura y otros tratos crueles o inhumanos, en contravención del derecho internacional. Los investigadores documentaron golpizas diarias, violencia sexual, desapariciones forzadas y condiciones de reclusión inhumanas, incluyendo alimentación escasa, falta de atención médica y castigos colectivos.
“La administración Trump pagó a El Salvador millones de dólares para detener arbitrariamente a venezolanos que luego fueron sometidos casi a diario a golpizas brutales por las fuerzas de seguridad salvadoreñas”, declaró Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. “La administración Trump ha sido cómplice de tortura, desaparición forzada y otras graves violaciones de derechos humanos, y debería dejar de enviar personas a El Salvador y a cualquier otro país donde corran el riesgo de ser torturadas”, añadió.
El informe se basa en entrevistas a 40 exdetenidos venezolanos y más de 150 testigos adicionales, entre familiares, abogados y expertos forenses. Las conclusiones se apoyan también en fotografías de lesiones, documentos migratorios y análisis del Grupo Independiente de Expertos Forenses, así como en una investigación del Laboratorio de Derechos Humanos de la Universidad de California, Berkeley.
Deportados sin condenas penales en EE.UU.
Human Rights Watch y Cristosal afirmaron que la mitad de los venezolanos deportados no tenían condenas penales y que solo el 3 % había sido condenado por delitos violentos en Estados Unidos. Además, 62 personas fueron expulsadas mientras sus solicitudes de asilo seguían en trámite, incluso después de haber superado la evaluación de “miedo creíble” que les daba derecho a una audiencia ante un juez migratorio.
Los testimonios incluidos en el informe son desgarradores. “Nos sacaban de la celda a todos, nos colocaban en posición de requisa, arrodillados, esposados de manos a la espalda y con brazos en la cabeza, y nos golpeaban con bastones, patadas y puños… luego nos dejaban arrodillados por 40 minutos”, relató uno de los exdetenidos. Otro afirmó que fue golpeado por los guardias después de que miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja visitaran el penal en mayo.
Tres exreclusos denunciaron haber sido víctimas de agresiones sexuales. Uno de ellos contó: “Cuatro guardias abusaron sexualmente de mí y me obligaron a practicar sexo oral a uno de ellos. Jugaron con sus bastones en mi cuerpo”.
Los hallazgos de HRW y Cristosal sostienen que la violencia fue sistemática y no producto de excesos aislados, lo que implicaría la participación o tolerancia de altos mandos del sistema penitenciario salvadoreño.
A mediados de julio, el gobierno de Nayib Bukele envió a los 252 venezolanos a Caracas en un intercambio por 10 ciudadanos o residentes estadounidenses detenidos por el régimen de Nicolás Maduro, muchos de ellos arrestados arbitrariamente.
“El gobierno de Estados Unidos no ha estado vinculado a actos de tortura sistemática a esta escala desde Abu Ghraib y la red de prisiones clandestinas durante la guerra contra el terrorismo”, denunció Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal. “Hacer desaparecer a personas a manos de un gobierno que las tortura va en contra de los principios que históricamente han hecho de Estados Unidos una nación de leyes”, concluyó.
