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Este viernes, 18 de septiembre, entra en vigor una nueva regla de la administración de Donald Trump que modifica la manera en que los funcionarios migratorios pueden evaluar a determinados extranjeros que buscan obtener una visa de inmigrante o la residencia permanente en Estados Unidos, conocida popularmente como green card, esto según el medio CNN en Español.
La medida amplía el alcance de la denominada “carga pública”, un criterio que permite a las autoridades analizar si una persona podría depender de determinados recursos del Gobierno estadounidense. Con la nueva regulación, los funcionarios podrán considerar una gama más amplia de programas de asistencia pública y otros elementos relacionados con la situación del solicitante.
La decisión forma parte de las últimas medidas impulsadas por Trump para reducir el número de inmigrantes en Estados Unidos, incluidos aquellos que ya se encuentran legalmente en el país. Al mismo tiempo, la norma enfrenta demandas en tribunales federales que buscan impedir su aplicación.
¿Qué cambia con la nueva regla de carga pública de Trump?
La principal modificación está en el alcance de los factores que pueden revisar los funcionarios de inmigración.
La nueva regulación, publicada en julio, deroga la norma de 2022 y permite considerar una gama más amplia de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos al momento de determinar si un solicitante podría convertirse en una carga pública.
La disposición no establece una lista cerrada de todos los programas que serán considerados. En cambio, señala que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podrá evaluar la recepción de cualquier prestación pública que esté sujeta a una comprobación de recursos.
Esto abre la puerta a que entren en el análisis programas que anteriormente tenían un tratamiento diferente, como determinados beneficios de salud, alimentación, vivienda y asistencia para familias de bajos ingresos.
La utilización de alguno de estos programas no significa por sí sola que una solicitud de residencia vaya a ser rechazada. Los funcionarios deben analizar las circunstancias de cada caso.
Estos beneficios podrían ser revisados al solicitar la residencia
Uno de los principales cambios está relacionado con los programas de asistencia pública que pueden formar parte de la evaluación.
La nueva regulación señala que el Departamento de Seguridad Nacional puede considerar la recepción de cualquier prestación pública sujeta a verificación de recursos.
De acuerdo con la información proporcionada, esto podría incluir:
- Medicaid.
- SNAP o cupones de alimentos.
- CHIP.
- Determinadas ayudas federales para el alquiler.
- Subsidios para el cuidado infantil.
- Head Start.
- Algunas exenciones fiscales, como el crédito tributario por hijos.
¿Recibir Medicaid o SNAP significa perder la ‘green card’?
La nueva regla no establece que una persona que reciba Medicaid, SNAP u otro beneficio incluido en la evaluación vaya a perder automáticamente la posibilidad de obtener una green card.
El análisis de carga pública contempla las circunstancias particulares del solicitante. Entre los elementos que pueden ser considerados están su edad, estado de salud, situación familiar, recursos económicos, educación y habilidades, además de otros factores relacionados con su capacidad para mantenerse.
Por eso, el hecho de haber utilizado un determinado programa público no constituye, por sí mismo, una decisión automática sobre una solicitud de residencia permanente. La autoridad migratoria debe valorar el conjunto de circunstancias.
¿Los beneficios recibidos por los familiares pueden afectar la residencia?
Este es uno de los aspectos que más preocupación ha generado entre las familias inmigrantes.
La nueva regulación contempla que los funcionarios puedan considerar determinadas circunstancias relacionadas con los beneficios públicos solicitados en nombre de miembros de la familia. Esto ha generado inquietud especialmente entre hogares con hijos que son ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, no significa que el beneficio recibido por un familiar se convierta automáticamente en un factor negativo para el solicitante de la ‘green card’. El impacto dependerá de las circunstancias concretas de cada proceso.
La preocupación de las organizaciones defensoras de los inmigrantes se relaciona también con el llamado “efecto disuasorio”: familias que podrían tener derecho a determinados programas podrían optar por no utilizarlos por miedo a que su situación termine afectando futuros trámites migratorios.
A quiénes afecta la nueva regla para obtener la ‘green card’
La medida afecta principalmente a personas que buscan obtener la residencia permanente o determinadas visas de inmigrante.
Entre ellas están quienes realizan procesos para reunirse con familiares en Estados Unidos, como cónyuges, padres, hijos y hermanos de ciudadanos estadounidenses, así como familiares de residentes permanentes.
También puede alcanzar a determinados trabajadores que buscan una visa de inmigrante a través de un empleador y a personas que ya están en Estados Unidos y solicitan ajustar su estatus para convertirse en residentes permanentes.
No todos los inmigrantes están sujetos al criterio de carga pública. Existen categorías y situaciones que están exentas, entre ellas determinados refugiados, asilados, menores inmigrantes especiales, víctimas de trata y ciertas víctimas de delitos.
Casi 588.000 solicitantes son evaluados cada año
El Departamento de Seguridad Nacional calcula que un promedio de 588.000 solicitantes son sometidos cada año a evaluaciones relacionadas con la carga pública.
Sin embargo, el alcance de la nueva política podría superar ese número debido a las decisiones que tomen las propias familias frente al uso de beneficios públicos.
El DHS estima que aproximadamente 950.000 personas podrían abandonar o evitar inscribirse en seis programas de beneficios públicos debido a la nueva regulación.
Entre los programas mencionados están Medicaid, SNAP, CHIP y determinados programas federales de asistencia para el alquiler.
Ese posible efecto indirecto es uno de los principales puntos de preocupación para las organizaciones que defienden a los inmigrantes, que advierten que algunas familias podrían renunciar a ayudas necesarias por temor a consecuencias en futuros procesos migratorios.
La regla revive una política que Trump impulsó en 2019
La decisión actual tiene como antecedente una medida adoptada durante el primer mandato de Donald Trump.
En 2019, su administración amplió la definición de “carga pública” para incluir determinados beneficios que anteriormente no hacían parte de la evaluación. La norma comenzó a aplicarse en 2020, pero posteriormente fue anulada tras enfrentar demandas en tribunales federales.
La administración de Joe Biden derogó posteriormente esa regulación y, en 2022, estableció una nueva norma que limitaba el análisis principalmente a determinados beneficios en efectivo y a Medicaid para atención institucional de largo plazo.
Ahora, el Gobierno de Trump deroga esa regulación de 2022 y vuelve a ampliar los criterios que pueden ser utilizados en las evaluaciones migratorias.
La nueva regla de ‘green cards’ enfrenta demandas judiciales
La entrada en vigor de la norma ocurre mientras varias demandas buscan detenerla en los tribunales federales.
Las organizaciones y gobiernos que cuestionan la medida han advertido sobre sus posibles consecuencias para inmigrantes y familias que utilizan programas de asistencia pública.
Uno de los argumentos señalados es precisamente el posible efecto disuasorio: que personas que cumplen los requisitos para recibir determinados beneficios decidan no utilizarlos por temor a que esto perjudique futuras solicitudes migratorias.
Por ahora, según la información proporcionada, la regulación entra en vigor este 18 de septiembre, mientras las demandas continúan su curso
Bloque de preguntas frecuentes
¿Qué es la regla de carga pública que Trump aplicará para las ‘green cards’?
La regla de carga pública es un criterio utilizado por las autoridades migratorias de Estados Unidos para determinar si una persona que busca ingresar al país o conseguir la residencia permanente podría depender de determinados recursos del Gobierno. La nueva regulación de la administración Trump amplía los factores que pueden ser considerados durante esa evaluación, incluidos más programas de asistencia pública sujetos a comprobación de recursos. La medida entra en vigor el 18 de septiembre y reemplaza la regulación que había establecido la administración Biden en 2022.
¿Qué beneficios del Gobierno de Estados Unidos pueden ser considerados al solicitar una ‘green card’?
La nueva regulación permite a los funcionarios migratorios considerar una gama más amplia de beneficios públicos al evaluar determinados procesos de residencia permanente. Entre los programas mencionados están Medicaid, SNAP, CHIP y determinadas ayudas federales para el alquiler. También podrían entrar en el análisis subsidios para el cuidado infantil, Head Start y algunas exenciones fiscales, como el crédito tributario por hijos. Sin embargo, utilizar uno de estos programas no significa automáticamente que la solicitud de residencia vaya a ser rechazada.
¿Una persona puede perder la ‘green card’ por recibir Medicaid o SNAP?
Recibir Medicaid, SNAP u otro de los beneficios que pueden ser considerados bajo la nueva regla no implica automáticamente perder la posibilidad de obtener una ‘green card’. Los funcionarios migratorios deben evaluar las circunstancias del solicitante en conjunto. Para ello pueden revisar aspectos como la edad, el estado de salud, la situación familiar, los recursos económicos, la educación y las habilidades de la persona, entre otros elementos..
