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Más de 600 personas detenidas desde el golpe de Estado del 1 de febrero, entre ellas un fotógrafo de la agencia de noticias Associated Press (AP), fueron puestas en libertad el miércoles por la junta militar, que sigue manteniendo incomunicados a cientos de civiles y no cede en su cruenta represión.
"Hoy liberamos a 360 hombres y 268 mujeres de la prisión de Insein" en Rangún, declaró un alto cargo del centro penitenciario, que pidió el anonimato.
Los exdetenidos, muchos de ellos estudiantes que salieron a la calle a protestar, salieron de la prisión en autobuses, según mostraron medios locales. Muchos realizaron el saludo con tres dedos de la mano levantados, convertido en un gesto de resistencia de los manifestantes.
Un fotógrafo birmano de la agencia Associated Press, detenido a fines de febrero cuando cubría las manifestaciones contra la junta militar, también fue liberado este miércoles.
"Me encuentro bien", declaró Thein Zaw. "Los cargos contra mí fueron levantados", agregó el fotógrafo, de 32 años, que había sido acusado de "difundir falsas noticias".
Pese a estas liberaciones, los generales siguen reteniendo a muchos civiles, entre ellos líderes políticos, huelguistas, activistas y artistas desde el golpe de Estado que depuso a la exjefa de facto del gobierno, Aung San Suu Kyi, según datos de la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP).
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Justamente, la exdirigente, de 75 años, tenía que comparecer este miércoles ante la justicia, pero la audiencia, que debía celebrarse por videoconferencia, no pudo celebrarse por falta de conexión a internet, ya que los datos móviles y varias redes wifi llevan varios días cortados para aislar el país.
"Se pospuso hasta el 1 de abril", dijo Khin Maung Zaw, el abogado de la exjefa de gobierno, que todavía no ha sido autorizado a reunirse con su cliente.
"Huelga silenciosa"
Este miércoles hubo un llamamiento para realizar una "huelga silenciosa" y las calles de Rangún, principal ciudad del país, y de Naipyidó, la capital administrativa, estaban totalmente vacías, con la mayoría de las tiendas cerradas.
En Myeik, al sur, de manera simbólica y en un intento de evitar la represión, filas de muñecas fueron instaladas en numerosas carreteras, con pancartas diminutas que decían "Necesitamos democracia", "Deseamos que la madre Suu se encuentre bien".
Pero los militares, deseosos de acallar estas protestas que no ceden desde el 1 de febrero, no dudan en usar cada día más fuerza para sofocarlas. Cada vez más, los civiles que no participan en las protestas, incluidas las mujeres y los niños, son objeto de ataques.
Un total de 275 civiles murieron, según la AAPP. Pero podría haber más víctimas, dado que cientos de detenidos están desaparecidos.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó el uso "desproporcionado de la fuerza" por parte de la junta militar y pidió la "liberación inmediata e incondicional" de todos los detenidos.
El martes, el portavoz de la junta, Zaw Min Tun, informó de 164 víctimas en las filas de los manifestantes, a los que califica de "terroristas violentos".
Dijo además que estaba decidido a "reprimir la anarquía", ignorando las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. La violencia sigue siendo muy intensa en Mandalay, donde 21 civiles han muerto desde el domingo.
Una asociación que representa a la minoría karen en el país advirtió por su parte que "centenares" de personas se han desplazado al sureste del país. "Pensamos que podría llegar a 6.000 o 7.000 personas de aquí a finales de abril", añadió elsecretario general de esta organización, la Unión Nacional Karen (KNU), Saw Tah Doh Moo, en declaraciones.
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El ejército también refuerza el cerco judicial sobre Aung San Suu Kyi, que está detenida e incomunicada. Dos hombres confesaron en videos difundidos por medios de comunicación estatales que les han entregado sobornos por más de un millón de dólares y once kilos de oro.
Los observadores ponen en duda la autenticidad de estos testimonios porque uno de los testigos está preso y el otro tiene un pasado turbio.
La ganadora del Premio Nobel en 1991 también está acusada de otros cuatro cargos, incluida la incitación a los disturbios públicos. Si la declaran culpable podría ser condenada a muchos años de prisión y se vería definitivamente alejada de la vida política.
