Gobierno Maduro arremete contra Trump tras veto a la moneda Petro

El gobierno de Venezuela condenó "enérgicamente" las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos sobre su criptomoneda y contra cuatro altos cargos del Gobierno y señaló que buscan crear un caos en la economía venezolana.

Las sanciones "constituyen una nueva agresión imperial orientada a intensificar el ataque a nuestro pueblo, pretendiendo por la vía del bloqueo comercial, la persecución financiera y el boicot económico caotizar nuestra economía", afirma el gobierno venezolano en un comunicado.

Venezuela sostiene que el objeto de las sanciones es "quebrar la voluntad" de los venezolanos "y su resolución de libertad, paz y esperanza" y acusan a la Administración de Donald Trump de "un crimen de lesa humanidad que puede ser presentado en la Corte Penal Internacional como una violación al artículo 7 del Estatuto de Roma".

Con la sanción estadounidense oficializada mediante una orden ejecutiva, Trump prohibió "todas las transacciones" vinculadas al sistema financiero estadounidense "con cualquier moneda digital que haya sido emitida por, para o en nombre del gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018".

Venezuela reiteró que ha dado un "salto tremendo al futuro, al poner en marcha un mecanismo económico revolucionario como el petro, respaldado con más de 5.000 millones de barriles de petróleo, que permitirá al país romper las amarras del dólar".

Ratificó también a la comunidad internacional que, "pese a esta nueva y grosera intromisión", mantiene su "firme, absoluta y soberana decisión de continuar impulsando la tecnología Blockchain y hacer del Petro una de las criptomonedas más sólidas y confiables del mundo".

Con el respaldo de las reservas de crudo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, lanzó la criptomoneda el mes pasado para ampliar el capital del país ahogado por la crisis y para eludir las restricciones económicas estadounidenses.

En esta misma jornada, el Departamento del Tesoro impuso también sanciones económicas contra cuatro altos cargos del gobierno de Maduro, cuyos activos sujetos a la jurisdicción de EE.UU. quedaron así congelados.