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El gobierno del presidente de Gabriel Boric en Chile llega al final de su mandato en medio de un balance marcado por avances legislativos parciales, tensiones institucionales y debates profundos sobre el rumbo político y social del país. Este miércoles, Boric entregará el poder a José Antonio Kast, un político tradicional que represen
Durante estos años, Chile ha enfrentado transformaciones importantes en su escenario social. Uno de los ámbitos más sensibles ha sido la seguridad. El informe nacional de homicidios de 2024 registró 1.207 víctimas y una tasa de 6,0 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifras que hace una década resultaban poco habituales para un país que durante años fue considerado uno de los más seguros de América Latina. Aunque el gobierno impulsó reformas para fortalecer la acción policial y combatir el crimen organizado, diversos sectores han criticado que la respuesta institucional fue tardía frente al deterioro de la seguridad.
En paralelo, el debate sobre el aborto volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública. Desde 2017, bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la legislación chilena permite la interrupción del embarazo en tres causales. Sectores del oficialismo han planteado ampliar ese marco legal, mientras críticos sostienen que el debate se ha centrado principalmente en la autonomía individual y menos en políticas de apoyo a la maternidad vulnerable.
Boric entrega un sistema de salud moribundo
Otro desafío persistente ha sido el sistema sanitario. Las listas de espera continúan siendo un problema estructural del sistema de salud chileno, heredado de administraciones anteriores. Sin embargo, la controversia generada por pacientes fallecidos mientras aguardaban atención médica reforzó la percepción pública de que las garantías sanitarias prometidas se diluyen en extensos retrasos administrativos.
En el plano demográfico, Chile enfrenta un fenómeno silencioso pero significativo: la tasa de fecundidad cayó a cerca de 1,16 hijos por mujer, uno de los niveles más bajos del mundo. Este descenso plantea interrogantes sobre la sostenibilidad futura del sistema previsional y del crecimiento económico, en un contexto donde las políticas familiares han sido consideradas por algunos analistas como fragmentarias.
El área de vivienda también estuvo marcada por avances y controversias. El gobierno impulsó un plan para construir 260.000 viviendas, pero la política habitacional quedó golpeada por el llamado “escándalo de los convenios”, que reveló transferencias irregulares de recursos públicos a fundaciones vinculadas a sectores del oficialismo, afectando la confianza ciudadana en la gestión estatal.
En materia laboral, el empleo logró recuperarse tras la pandemia, aunque la informalidad sigue siendo alta, cerca del 27 % de la fuerza laboral. Esta situación refleja la tensión entre las aspiraciones redistributivas del debate político y las condiciones necesarias para mantener una economía dinámica y productiva.
El sistema educativo tampoco ha estado exento de desafíos. Los esfuerzos por mejorar los aprendizajes se han visto acompañados por fenómenos como el ausentismo escolar persistente, episodios de violencia en establecimientos y una creciente sensación de desgaste institucional en el sistema educativo.
Las presiones migratorias también añadieron complejidad al panorama nacional. Tras un fuerte aumento de los cruces irregulares entre 2022 y 2023, el gobierno endureció los controles fronterizos, aunque el impacto social de la migración ya se siente en diversas comunidades del país.
Avance legislativo del programa de gobierno
En medio de este contexto, el estudio “Del Dicho al Hecho” de la organización Ciudadanía Inteligente evaluó el cumplimiento de las promesas legislativas del programa de gobierno de Boric al cierre de su cuarto año.
El análisis revisó 216 promesas legislativas, de las cuales 122 cuentan con proyectos de ley asociados. Según el informe, el programa registra un 44 % de avance legislativo.
En total, 64 promesas alcanzaron el 100 % de cumplimiento, mientras que otras presentan avances parciales: cuatro promesas llegan al 90 %, 21 al 70 % y 32 al 40 %. En contraste, 95 promesas no han tenido progreso legislativo.
Entre las áreas con mayor avance destacan infancia y juventud, con un 80 % de cumplimiento, impulsado por medidas como el fortalecimiento del sistema de pago de pensiones alimenticias, la ley integral contra la violencia a la niñez y reformas al sistema de adopción.
También se registran avances en equidad de género (70 %) y minería (67 %), sector marcado por la aprobación del royalty a la gran minería del cobre. En seguridad ciudadana, el progreso legislativo alcanza el 66 %, incluyendo la creación del Ministerio de Seguridad y reformas para fortalecer el rol preventivo de los municipios.
En contraste, algunas áreas muestran escaso avance. Defensa y pueblos indígenas registran 0 %, mientras democracia alcanza solo 8 % y cultura 23 %.
Entre las reformas emblemáticas concretadas figuran la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el royalty minero. Sin embargo, otras promesas clave, como el fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), la creación de una Empresa Nacional del Litio o la implementación de educación sexual integral, presentan avances parciales o nulos.
Según explicó Josefina Correa, asesora de incidencia de Ciudadanía Inteligente, el balance también refleja las limitaciones del sistema político chileno. “Ningún gobierno reciente ha contado con mayorías legislativas propias, lo que obliga a construir acuerdos con el Congreso para avanzar en reformas”, señaló.
El estudio advierte además que el creciente número de promesas en los programas de gobierno puede generar expectativas difíciles de cumplir, lo que contribuye a la frustración ciudadana cuando los compromisos más visibles no se concretan.
El balance final del presidente
En su última cadena nacional, Boric defendió el balance de su administración y afirmó que deja un país mejor que el que recibió.
“Hoy puedo afirmar que nuestro país es un mejor lugar que el que era hace cuatro años atrás”, declaró el mandatario, quien asumió la presidencia a los 36 años y la deja a los 40.
El jefe de Estado agradeció el trabajo de su equipo y reconoció la continuidad histórica de las políticas públicas desarrolladas por gobiernos anteriores, incluyendo los de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
“Me voy con la frente en alto y con las manos limpias”, afirmó.
El presidente también reconoció errores durante su gestión, especialmente en el manejo del caso Monsalve y en la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Boric confirmó además que el poder será entregado al presidente electo José Antonio Kast en un cambio de mando que calificó como “impecable”, destacando la importancia de preservar la institucionalidad democrática.
Al despedirse, el mandatario señaló que regresará a la vida privada junto a su familia, aunque aseguró que seguirá contribuyendo al debate público desde su condición de expresidente.
El balance final de su gobierno, sin embargo, seguirá siendo objeto de debate. Más allá de cifras económicas o reformas legislativas, la evaluación del período dependerá en gran medida de si Chile logra enfrentar con instituciones sólidas los desafíos que marcan esta etapa: seguridad, envejecimiento demográfico, fragmentación social y confianza en la política.
