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Losfiscales peruanos a cargo del caso Odebrecht, en el que están imputados cuatro expresidentes y la líder opositora Keiko Fujimori, confían en poder firmar este mismo mes el acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) tras haber sido despedidos y luego repuestos en su cargo en un lapso de 48 horas.
El jefe del equipo especial de la Fiscalía de Perú que lleva este caso, Rafael Vela, manifestó en una entrevista publicada hoy en el diario El Comercio que espera que el acuerdo con la constructora brasileña pueda estar listo para entre el 14 y 18 de enero y que los interrogatorios comiencen en febrero.
Vela reconoció que su cese junto al de José Domingo Pérez, anunciado el 31 de diciembre por la noche por el cuestionado fiscal de la Nación (fiscal general), Pedro Chávarry, "produjo una grave incertidumbre" que hizo peligrar el pacto al que habían llegado con la empresa tras meses de negociaciones.
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"Por eso es que las diligencias se tuvieron que reprogramar, pero hemos tratado de equilibrar a partir de una estrecha coordinación con la Procuraduría Federal brasileña y con la propia empresa", comentó Vela.
Después de haber sido restituidos en sus puestos ante la negativa de sus reemplazos a asumir sus cargos y a que el Gobierno de Perú presentara un proyecto de ley para declarar en emergencia la Fiscalía, Vela afirmó que todo el equipo especial considera inaceptable que Chávarry siga dentro de la institución.
Vela reiteró que su destitución y la de Pérez, quien logró llevar a prisión preventiva a Keiko Fujimori, fue la culminación de una serie de presiones y hostilidades por parte de Chávarry.
Chávarry aparece involucrado en una amplia red de corrupción judicial descubierta en el seno de la judicatura peruana y tiene proximidad con el fujimorismo, que domina el Congreso con mayoría y todavía no tramita una serie de denuncias constitucionales para destituirlo.
El acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht permitirá dar un importante avance en las investigaciones, ya que la empresa ofrecerá información y pruebas sobre los sobornos y pagos irregulares que realizó a políticos peruanos a cambio de que sus ejecutivos y la misma compañía tengan beneficios en los procesos judiciales.
Hasta ahora, Odebrecht ha reconocido haber pagado millonarios sobornos en Perú entre 2005 y 2014, acompañados de donaciones de dinero a los principales líderes políticos para financiar sus campañas electorales a la Presidencia del país.
