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La expresidenta definió como un "exceso" y una violación del Estado de derecho que un juez la procesara con prisión preventiva por presuntamente encubrir a los iraníes acusados del ataque a una mutual judía en 1994
"Estas medidas degradan aún mas a la justicia argentina y señalan al Gobierno y al presidente Mauricio Macri como el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición", expresó la exmandataria, quien juró su cargo como legisladora hace poco más de una semana, en una rueda de prensa en el Congreso junto a diputados y senadores de su sector.
El juez Claudio Bonadio procesó y ordenó hoy detener a Fernández, entre otros exmiembros de su Gobierno por los presuntos delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado y pidió al Senado que le despoje de la inmunidad de arresto, al considerar que puede entorpecer la investigación.
En la causa, que fue abierta tras la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella días antes de aparecer muerto en extrañas circunstancias, se investiga si un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 buscaba encubrir, a a cambio de impulsar la relación comercial bilateral, a los imputados iraníes del atentado a la mutual AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune.
"Lo que realmente se acordó para el memorándum (con Irán) fue lograr que quienes estaban acusados de haber participado en el atentado se les pudiera tomar declaraciones indagatorias", destacó Fernández, quien añadió que la causa por el ataque estaba "totalmente paralizada" porque Irán no extraditaba a los acusados.
"En realidad lo que hicimos, además de favorecer el hecho de que se pudiera tomar declaración a los acusados, era actuar en el marco del derecho internacional", destacó sobre el pacto bilateral, que nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, fue declarado después inconstitucional.
En este sentido, la expresidenta remarcó que la firma del convenio se encuadraba en un acto de política exterior "no judiciable" que fue aprobado por el Parlamento.
"Es una causa inventada sobre hechos que no existieron y un juzgamiento de política exterior desde el punto de vista jurídico. Todo esto que está sucediendo es un despropósito y un verdadero exceso", aseveró la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), convencida de que la acusación contra ella "no tiene asidero ni jurídico ni institucional".
En su opinión, estas medidas "no solo violan el Estado de derecho", sino que buscan provocar "daño personal y político a los opositores, a sus trayectorias y a sus ideas".
"No hay causa, no hay delito ni motivo. Se juzgó y no hay causa. Bonadio lo sabe, el Gobierno lo sabe y el presidente Macri lo sabe", subrayó.
La expresidenta, que no descartó acudir a tribunales internacionales para denunciar su situación, criticó que se la acuse de "traición a la patria" porque a su juicio es un delito que "solamente puede producirse" si el país está en guerra.
"En este auto de procesamiento Bonadio sostiene que los dos atentados (contra la AMIA y la embajada de Israel, dos años antes, que dejó 29 muertos) son actos de guerra, porque es la única manera que encontró en su mundo jurídico para poder traer de los pelos la figura", agregó.
Para Fernández, estas "maniobras" tienen un ánimo de "persecución inédita" de la oposición "en tiempos democráticos", que tienen a Macri como "director de la orquesta"y a Bonadio como ejecutor de "la partitura judicial".
La razón es, según continuó, hacer de esto una "gran cortina de humo" que pretende "intimidar y asustar a la población", tapar las políticas de ajuste económico y callar la voz de la oposición en el Senado.
Consultada por el hecho de que Bonadio haya tomado esta decisión ahora, recién electa senadora y después de dos años en los que no contó con fueros parlamentarios de ningún tipo, Fernández aseveró que tiene que ver con el hecho de que la "quieren callada" y con la "espada de Damocles" sobre su cuello.
La Cámara Alta, en la que ningún grupo tiene mayoría absoluta y con la corriente ideológica peronista, a la que pertenece Fernández, muy fragmentada, deberá decidir si atiende la solicitud de quitar la inmunidad de arresto a Fernández -que juró su cargo el pasado 29 de noviembre-, para lo que será necesario el sí de dos tercios de los legisladores.
Sin embargo, no se atisba que el desafuero pueda prosperar porque el histórico Partido Justicialista, con gran representación en la Cámara, ya ha adelantado que no acompañará el pedido.
Con información de EFE
