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El presidente de Chile, José Antonio Kast, acudió a la sede de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), en el sector de Las Condes, para realizarse un examen toxicológico mediante una muestra de cabello, en un gesto que busca instalar un nuevo estándar de control sobre quienes ejercen funciones públicas. El mandatario costeó el procedimiento con recursos propios y aprovechó la instancia para anunciar una iniciativa legislativa orientada a reforzar la probidad en el Estado.
“Quienes ejercemos cargos públicos debemos acreditar que no tenemos vínculos con el narcotráfico ni con el crimen organizado”, sostuvo Kast durante su intervención, en la que presentó el proyecto de ley denominado “Probidad antinarcóticos en el ejercicio del poder público”. La propuesta establece la obligatoriedad de someterse a este tipo de pruebas y contempla, además, la publicación de los resultados como mecanismo de transparencia.
En paralelo, el Gobierno informó que se implementará de forma inmediata una actualización del sistema de control vigente a través de la modificación del Decreto Supremo N°1.215. Este cambio fija el test de cabello como método estándar, desplazando al examen de orina, bajo el argumento de que el análisis capilar permite detectar consumo de sustancias en un periodo más amplio y ofrece mayor fiabilidad.
¿De dónde saldrá la plata para los exámenes?
La medida también tiene implicaciones presupuestales. Para su aplicación en la administración central, se instruyó a la Dirección de Presupuestos (Dipres) garantizar los recursos necesarios para que ministerios y servicios públicos puedan financiar los análisis de sus funcionarios. Según lo establecido, los resultados deberán ser publicados en los sitios web institucionales en un plazo máximo de diez días hábiles, reforzando así el componente de control ciudadano.
El alcance de la iniciativa es amplio y apunta a cubrir distintos niveles del sistema político. El proyecto de ley extiende la obligatoriedad del examen no solo al Presidente de la República, sino también a senadores y diputados, quienes deberán someterse a controles periódicos. La normativa también incorpora a las directivas de los partidos políticos, estableciendo este requisito como condición para acceder al financiamiento público estatal.
Además, el Ejecutivo plantea que los candidatos a cargos de elección popular deban cumplir con este estándar de probidad antes de postularse. En caso de incumplimiento o de obtener un resultado positivo en el test, la iniciativa contempla sanciones severas, incluida la inhabilidad para competir en elecciones o ejercer funciones públicas.
La propuesta se enmarca en una agenda más amplia del Gobierno orientada a enfrentar el avance del crimen organizado en la región y a fortalecer los mecanismos de transparencia institucional. Con este proyecto, la administración de José Antonio Kast busca instalar un precedente en materia de control preventivo, trasladando al ámbito político prácticas que tradicionalmente se aplican en sectores como la seguridad o el transporte.
