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El Ministerio Público de Bolivia emitió este miércoles una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, a quien imputa los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. La decisión fue adoptada a partir de una denuncia presentada por el Comité Cívico de Santa Cruz.
La orden se origina en la participación atribuida a Morales en las protestas y bloqueos de carreteras registrados durante mayo y junio de este año, jornadas que se extendieron por cerca de 50 días, dejaron más de 22 muertos y derivaron en el arresto de más de 500 personas. Las movilizaciones tenían como propósito exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Se trata de la segunda orden de captura emitida contra Morales. La anterior se relaciona con cargos por trata y tráfico de personas, vinculados a una presunta relación con una menor de edad durante su mandato presidencial, con quien habría tenido una hija, según las investigaciones de la fiscalía.
Morales permanece atrincherado en el trópico de Cochabamba, zona de difícil acceso
Pese a la existencia de las órdenes de captura, Evo Morales no ha sido detenido. Según el periodista boliviano Rodrigo Lema, el exmandatario se encuentra resguardado en el trópico de Cochabamba, una región conocida como zona de producción de hoja de coca, donde mantiene el respaldo de un grupo de seguidores. El área opera sin presencia del Estado: sin fiscalía, sin fuerzas de seguridad y sin autoridades judiciales.
El propio presidente Rodrigo Paz ha justificado la falta de acción policial argumentando que el gobierno no quiere generar más episodios de violencia al intentar ingresar a esa localidad para ejecutar la orden. La responsabilidad de hacer cumplir la captura recae sobre el Ministerio de Gobierno, entidad que depende directamente del poder ejecutivo.
El gobierno de Paz enfrenta exigencias de distintos sectores para ejecutar la orden de captura
Sectores de la sociedad civil y autoridades de distintos departamentos de Bolivia han exigido a la Policía Nacional que proceda de forma inmediata con la detención de Morales. El argumento del gobierno sobre la necesidad de cautela para evitar nuevos episodios de violencia no ha sido suficiente para calmar las demandas de acción.
Rodrigo Lema señaló que durante los 20 años en que Morales ejerció el poder en Bolivia, múltiples denuncias en su contra fueron silenciadas u omitidas por un sistema judicial que, según el periodista, operaba en beneficio del entonces mandatario. Con el cambio de gobierno, indicó, la justicia ha retomado esas investigaciones, aunque la ejecución efectiva de las órdenes de captura sigue pendiente.
La Fiscalía tiene vigentes dos órdenes contra el expresidente, pero ninguna ha sido materializada hasta el momento.
