Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, celebra elecciones presidenciales el domingo sumida en una de sus peores crisis política y socioeconómica.

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Un total de 20,5 millones de los 30,6 millones de venezolanos están habilitados para elegir al mandatario por un periodo de seis años.

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Las presidenciales normalmente se celebran en diciembre, pero el oficialismo las adelantó, lo cual rechazaron la oposición y gobiernos de América y Europa.

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Aquí una radiografía del país:

Lo político:

Con la elección del teniente coronel Hugo Chávez, en diciembre de 1998, Venezuela pasó a tener un sistema socialista. El carismático líder murió de cáncer en marzo de 2013 y un mes después, Maduro, heredero político, ganó las elecciones por poco margen.

Rompiendo una hegemonía de 16 años, la oposición arrasó en las parlamentarias de 2015, desatándose un choque de poderes en medio del cual fue bloqueada en su objetivo de sacar a Maduro del poder.

Entre denuncias de ruptura del orden democrático, Venezuela vivió cuatro meses de violentas protestas opositoras en 2017, que dejaron unos 125 muertos y fueron desactivadas con la polémica elección de una Asamblea Constituyente oficialista.

Con poder absoluto, la Constituyente, desconocida por parte de la comunidad internacional, adelantó las presidenciales y aumentó el aislamiento: varios gobiernos impusieron sanciones y desconocerán los comicios aduciendo que no serán libres ni justos.

Lo económico:

Venezuela depende de la renta petrolera, que aporta 96% de los ingresos. Tiene reservas de 300.000 millones de barriles -las mayores del mundo-, pero la producción cayó a 1,5 millones diarios, desde los 3,2 millones de 2008.

El desplome de los precios en 2014, la corrupción y las ineficiencias generaron escasez de bienes básicos, y una caída del PIB e hiperinflación que el FMI proyecta en 15% y 13.864%, respectivamente, para 2018.

Desde 2003, el gobierno monopoliza las divisas y controla precios, avivando un voraz mercado negro del dólar y de productos, lo que Maduro denuncia como "guerra económica".

De febrero a abril de 2018, el bolívar se devaluó 95%, mientras el dólar se cotiza diez veces más en el mercado paralelo, marcador de muchos bienes y servicios, lo que dispara el costo de vida.

Con reservas internacionales de 9.871 millones de dólares según el Banco Central, y una deuda externa estimada en 150.000 millones, el país y su petrolera PDVSA cayeron en default parcial por pagos atrasados, sin mucho margen de renegociación por sanciones impuestas desde Estados Unidos.

Lo social:

El ingreso mínimo (salario y bono de alimentación) es de 2,6 millones de bolívares (37 dólares a tasa oficial y 3,2 en el mercado negro), lo que cuesta un kilo de carne. El gobierno entrega bonos y cajas de comida subsidiadas en barrios populares.

La pobreza escaló a 87% en 2017, señala una encuesta de las principales universidades del país, pero el gobierno asegura que ronda el 23%.

Según la Federación Farmacéutica, la escasez de medicinas comunes es de 85% y de 95% para enfermedades crónicas como cáncer o VIH. La ONG Médicos por la Salud precisa que en los hospitales falta 79% del material médico quirúrgico y ningún laboratorio tiene reactivos.

Investigaciones de universidades locales estiman que desde 1999 emigraron entre tres y cuatro millones de venezolanos, una buena parte desde 2014.

La inseguridad es otro de gran problema. Venezuela tiene una tasa de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017, 14 veces la media mundial, según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia.

Lo militar:

La Fuerza Armada tiene vasto poder en sectores estratégicos, como petróleo y alimentos, y está dotada de armamento ruso y chino.

Cuenta con 365.315 efectivos (terrestre, naval, aérea, guardia nacional, reserva), según la Red de Seguridad y Defensa de América Latina.

Hay unos 400.000 milicianos, miembros de un cuerpo civil armado, que Maduro espera elevar a un millón.

De 32 ministros del gabinete, 14 son militares. La participación militar en el gobierno aumentó de 25% en 2014 a 43,75% en 2018, según la ONG Control Ciudadano.

Con información de AFP