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El exfiscal general estadounidense William Barr, quien renunció el lunes, era uno de los más fieles aliados de Donald Trump hasta que cayó en desgracia por no haber respaldado al mandatario republicano en sus intentos desesperados de no reconocer su derrota electoral.
Como de costumbre durante su gobierno, fue el propio presidente quien anunció la noticia en Twitter, adjuntando la carta de dimisión de Barr.
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"Bill se irá justo antes de Navidad para pasar las fiestas con su familia, el fiscal general adjunto Jeff Rosen, una persona increíble, lo sustituirá", escribió Trump. "Nuestra relación ha sido muy buena" y Barr "ha hecho un trabajo excepcional", añadió.
La salida de Barr se rumoreaba desde hace semanas. Su negativa a sumarse a las acusaciones de Trump sobre un supuesto fraude electoral en las presidenciales provocó la cólera del mandatario republicano.
Los Departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia "han investigado y, de momento, no han encontrado nada para respaldar" esas acusaciones, declaró el fiscal general el 1 de diciembre.
Trump sigue empeñado en denunciar que fue víctima de un robo electoral y no reconoce su derrota frente a Joe Biden el mes pasado. Pero su bando nunca logró aportar pruebas de sus afirmaciones, y la justicia desestimó todos los recursos presentados por el equipo del presidente contra el resultado de los comicios.
El inquilino de la Casa Blanca también compartió en los últimos días su "gran decepción" porque Barr no hubiera revelado antes de las elecciones de noviembre la existencia de una investigación sobre la situación fiscal del hijo de Joe Biden, Hunter.
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Antes de esa "decepción", Barr fue uno de los mayores defensores de Trump y de la derecha ultraconservadora en el gobierno.
El jurista de 70 años fue un ferviente partidario de la gestión presidencial, de la pena de muerte o de recurrir a la policía federal para gestionar las manifestaciones contra la violencia policial que han sacudido al país en 2020.
A su llegada al frente del Departamento de Justicia en febrero de 2019, el hecho de que hubiera ocupado el mismo puesto a inicios de los años 1990 suponía una señal de solvencia en una administración llena de novatos en la política.
Pero el aparente consenso en torno a su nombramiento no duró mucho, y pronto la oposición le puso el apodo de "abogado del presidente". Los demócratas lo acusaron, entre otras cosas, de haber hecho todo lo posible por proteger a Trump en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre una posible colusión entre Rusia y el equipo de campaña del candidato republicano en 2016.
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Cuando Trump aseguró que el FBI había abierto una investigación sobre ese caso por motivos políticos, Barr se sumó a las críticas contra la policía federal y la posible "mala fe" de algunos agentes.
Según sus partidarios, Barr, nacido en Nueva York y diplomado en la prestigiosa Universidad de Columbia, no defendía a Trump, sino a la función presidencial.
El fiscal general no dejó de denunciar a la oposición demócrata y a la izquierda estadounidense por haber lanzado, según él, un "ataque sistemático contra las normas y el Estado de derecho", sometiendo al presidente a un "acoso constante".
Este católico practicante lamentó también un declive de los valores religiosos en Estados Unidos y una "campaña" de los progresistas "para destruir el orden moral tradicional". Eso no le impidió apoyar a un presidente que se divorció dos veces y cuyos comentarios sexistas causaron un escándalo en 2016.
