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El Gobierno de EE.UU. decidió cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 250.000 salvadoreños, pero les dará un periodo de 18 meses, hasta septiembre de 2019, para que abandonen el país o busquen una vía alternativa de regularización, informó un alto funcionario.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justifica la decisión en que "ya no existen las condiciones originales causadas" por los devastadores terremotos de 2001 en El Salvador, la razón por la que se otorgó esta protección a un total de 263.282 salvadoreños hasta finales de 2016, según datos oficiales.
Preguntado por si se han considerado los altos niveles de violencia en el país centroamericano a la hora de tomar la decisión, la razón que alegaban los activistas para pedir su prórroga, el alto funcionario subrayó que sólo se han tenido en cuenta los aspectos por los que se concedió el TPS y ningún otro.
El portavoz insistió en que el periodo de 18 meses permitirá a los afectados "preparar su partida" a su país de origen o buscar otra manera de quedarse en Estados Unidos de manera legal.
El Gobierno de El Salvador, la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y activistas proinmigrantes venían batallado sin descanso en los últimos meses para el mantenimiento del TPS o al menos para su prórroga por seis meses, como el Gobierno hizo con el programa para los hondureños.
Sin embargo, el Ejecutivo de Donald Trump ha decidido aplicar su marcada línea dura migratoria y terminar con el programa para los salvadoreños, tras haber hecho lo mismo con el beneficio para los nicaragüenses y los haitianos.
EE.UU. decidió conceder esta protección a los salvadoreños que estaban en el país en febrero de 2001 tras los devastadores terremotos que sufrió ese año, pero la medida dio protección migratoria a otros nacionales que habían llegado décadas antes (en los años 1980 y 1990) huyendo de la guerra civil y sus consecuencias.
Bajo la Presidencia del republicano George H.W. Bush (1989-1993), el Congreso de EE.UU. estableció un procedimiento que permite al Gobierno otorgar, de manera extraordinaria, un permiso temporal de residencia y trabajo a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos, epidemias o desastres naturales: el TPS.
Ese permiso no abría ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por eso, con la decisión del Gobierno de Estados Unidos de no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrán que regresar a su país de origen o enfrentarse a la deportación si se quedan como indocumentados.
El argumento de los defensores de mantener el TPS 17 años después de los terremotos por los que fue otorgado es que las condiciones en El Salvador, con alta pobreza y criminalidad, no han mejorado para que sus emigrantes en Estados Unidos regresen.
Pero además, recuerdan que más del 51 por ciento de los salvadoreños con TPS han vivido en Estados Unidos durante al menos 20 años, según el Centro para los Estudios sobre la Migración. El permiso expira el próximo 9 de marzo.
Con información de EFE.
