La FM en Google News
El oficialismo argentino sumó una nueva victoria en el Congreso al conseguir la media sanción de la reforma del Régimen Penal Juvenil, una de las iniciativas centrales de la agenda de seguridad del presidente Javier Milei. Sin embargo, el Gobierno debió ceder ante sus aliados y aceptó fijar la edad de imputabilidad en 14 años, en lugar de los 13 que impulsaba originalmente.
La propuesta, promovida por La Libertad Avanza (oficialismo), obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra en la Cámara de Diputados, con el respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal y bloques provinciales.
El peronismo rechazó el proyecto en general, aunque exhibió divisiones en la votación en particular, donde sectores vinculados al massismo acompañaron la baja de la edad. El diputado Ramiro Gutiérrez incluso facilitó el quórum para habilitar la sesión. También votaron en contra los bloques de izquierda y la diputada Natalia De la Sota.
Tras la media sanción, la iniciativa será girada al Senado de la Nación Argentina, donde el oficialismo buscará convertirla en ley en una sesión prevista para el 26 de febrero. En ese encuentro también se debatirán la reforma de la Ley de Glaciares y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
Un avance con concesiones
La aprobación representa un nuevo paso en la estrategia de seguridad del Gobierno, aunque dejó en evidencia los límites de la negociación. Las presiones del PRO y la UCR (oposición) obligaron a la Casa Rosada a respetar el consenso alcanzado en 2024, que fijaba la edad en 14 años y que había quedado sin efecto al finalizar el período ordinario.
El debate se incorporó al temario de sesiones extraordinarias en medio de la conmoción social por un crimen ocurrido en la provincia de Santa Fe, que reavivó la discusión sobre la responsabilidad penal de menores.
Uno de los principales puntos de conflicto fue el financiamiento del nuevo sistema. La oposición cuestionó la falta de precisiones sobre los recursos para infraestructura y servicios, como la figura del supervisor prevista en la ley. En el dictamen original se otorgaba a la Jefatura de Gabinete la facultad de reasignar partidas presupuestarias.
Para destrabar el debate, el oficialismo aceptó incorporar un artículo que formaliza una partida superior a 23.000 millones de pesos argentinos y habilita a las provincias a firmar convenios con la Nación.
Alertas por el presupuesto
Durante la sesión, Miguel Ángel Pichetto advirtió que los fondos anunciados son “recursos insignificantes”. “El metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de 7.000 dólares”, sostuvo, y reclamó una cláusula que condicione la aplicación del régimen a la existencia de infraestructura adecuada.
En la misma línea, la presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, cercana al gobernador Maximiliano Pullaro, alertó que “no puede ser que todo el costo lo paguen los gobernadores”.
Desde Innovación Federal, Oscar Herrera cuestionó que se traslade a las provincias el peso de la salud, la educación y la seguridad, en un contexto de menor coparticipación.
Debate jurídico y político
Otro eje de discusión fue planteado por Ramiro Gutiérrez, quien pidió que el nuevo régimen esté incorporado explícitamente en el Código Penal para evitar futuras judicializaciones. La libertaria Laura Rodríguez Machado rechazó el planteo y sostuvo que la norma “no choca con el Código” por tratarse de una ley complementaria.
Desde la UCR, Pamela Verasay defendió el tratamiento del proyecto y aseguró que “la política salió de su confort para legislar sobre la cruda realidad”, en sintonía con el gobernador Alfredo Cornejo.
A su turno, Cristian Ritondo respaldó la baja a los 14 años y afirmó que “no hay consenso científico” sobre la conciencia delictiva en menores de 12 o 13 años. Desde el peronismo, Eduardo Valdés advirtió que “castigar y perseguir a un menor no protege a la sociedad: la embrutece”.
Alcance de la reforma
Además de reducir la edad de imputabilidad, la iniciativa contempla programas educativos, laborales y recreativos para la reinserción social. Para delitos con penas de hasta tres años, y para aquellos de entre tres y diez años que no incluyan muerte o lesiones graves, se prevén sanciones alternativas como prisión domiciliaria, tareas comunitarias, inhabilitaciones o reparaciones económicas.
Asimismo, la reforma reduce las penas máximas de 20 a 15 años, en un intento por equilibrar el enfoque punitivo con medidas de resocialización.
