La FM en Google News
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría sandinista, se citó de forma extraordinaria este lunes para discutir una ley que, de aprobarse, como se espera ocurra, dejaría al presidente Daniel Ortega prácticamente sin competencia en la carrera electoral de 2021.
El proyecto denominado "Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz", solicitada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) propone inhibir de cargos de elección popular a quienes encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional, exijan o aplaudan sanciones internacionales, actos de los que el oficialismo acusa a la oposición.
Aunque los opositores han negado estar involucrados en un golpe de Estado contra Ortega, sí reconocen su apoyo a las sanciones de diferentes países contra instituciones, empresas, familiares y allegados del presidente, bajo señalamientos de "corrupción" y "serias violaciones a los derechos humanos", así como a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por "rompimiento del orden constitucional" en la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Lea también: Trump pensó en anular las elecciones de Estados Unidos con la ley marcial
La posición de los disidentes, que esperan vencer a Ortega en las elecciones del 7 de noviembre próximo, los hará quedar inhibidos como candidatos si el proyecto de ley se aprueba tal como está.
Según el texto de la propuesta, no podrán optar a cargos de elección popular "los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación" de Nicaragua.
También aparta a quienes "inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones".
De igual manera condena a "aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación".
CONTRA PROMESAS Y DEMANDAS
La propuesta fue emitida a pesar de la promesa hecha por el FSLN en enero pasado, de que haría reformas a la Ley Electoral en el primer trimestre de 2020, con el objetivo de restaurar la confianza perdida en los comicios organizados por el Consejo Supremo Electoral, dominado por los sandinistas.
Lea también: OMS reporta nuevo récord diario de casos de Covid: casi 800.000
El proyecto fue elaborado por los sandinistas en medio de reclamos por que cumpla con la resolución de la OEA, de elaborar reformas a la Ley Electoral que garanticen unos comicios creíbles, en un país donde la oposición señala al presidente de hacerse reelegir en procesos supuestamente fraudulentos.
El mismo Ortega dio por aprobada la propuesta de ley el pasado viernes, al decir que un nicaragüense que solicita sanciones, como las que han afectado a sus familiares y allegados, "ya perdió los derechos de optar a cargo públicos", y lamentó que "no lo podemos expulsar" de Nicaragua "porque nació aquí".
Tanto los opositores, como los defensores de los derechos humanos, han advertido que el proyecto de ley de los sandinistas garantizará a Ortega correr como el único candidato a la presidencia en 2021, o hacerlo con los llamados "partidos zancudos", es decir, colaboradores.
De ganar las próximas elecciones, Ortega garantizaría otros cinco años más y 20 consecutivos en la Presidencia, con lo cual acumularía 31 años como mandatario de Nicaragua si se suma la época que gobernó entre 1979 y 1990. También cumplirá 48 años de dominio de la política local.
En cambio, si Ortega pierde las elecciones, se enfrentará a la promesa de los opositores, llevarlo a la justicia por “crímenes de lesa humanidad”, debido a la muerte, arrestos o desaparición de cientos de personas, más el desplazamiento forzoso de más de 100.000 nicaragüenses, desde las protestas antigubernamentales de 2018, con base en datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
