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La decisión de cruzar a Colombia de los tres reporteros ecuatorianos asesinados "fue voluntaria", defendió el lunes el canciller ecuatoriano José Valencia, después de que un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apuntara a una acción "insuficiente" de Ecuador para protegerlos.
"Cruzaron, no pidieron permisos a las autoridades para ingresar a territorio colombiano y [...] cuando llegaron allá fueron capturados y finalmente fueron asesinados", indicó el ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano.
"Decir que el Estado ecuatoriano tenía alguna responsabilidad es absolutamente sin fundamento", insistió.
La CIDH publicó las conclusiones de un informe sobre el asesinato de un periodista, un fotógrafo y un chófer del equipo del diario ecuatoriano El Comercio en la frontera con Colombia. En éstas señala que las acciones del Ecuador para proteger a los reporteros "fueron insuficientes".
"Las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano fueron insuficientes para hacer frente a la evidente situación de riesgo extraordinario", señaló el informe final de un equipo de seguimiento (ESE) del caso designado por la CIDH, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, todos ecuatorianos, fueron secuestrados el 26 de marzo de 2018 por disidentes de la exguerrilla de las Farc cuando realizaban un reportaje en la frontera.
El gobierno ecuatoriano confirmó su muerte el 13 de abril y sus cuerpos fueron recuperados en junio.
El canciller José Valencia insistió este lunes en que el gobierno no estaba al corriente del desplazamiento de estos periodistas, que fue "una decisión del diario" y que, una vez en la frontera, las autoridades ecuatorianas manifestaron a los reporteros que ingresar en Colombia "era peligroso".
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Ecuador "hizo cuanto estuvo a su alcance para informar a todo el mundo" del peligro que se corría, precisó.
"El Estado ecuatoriano, el gobierno, sintió muchísimo la pérdida de esos tres periodistas", concluyó Valencia.
El informe de la CIDH señaló que ese riesgo era generado tanto por la presencia de los grupos de delincuentes armados que operan en ambos países, así como por sus acciones y por anuncios de atentados graves hechos a través de un canal de comunicación que mantenían con la inteligencia policial.
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