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La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará este miércoles los argumentos en uno de los casos más trascendentales de los últimos años: la posibilidad de que el presidente Donald Trump limite o elimine la ciudadanía por derecho de nacimiento, una medida que podría afectar a cientos de miles de niños cada año.
De acuerdo con la agenda oficial de la Casa Blanca, el mandatario tiene previsto asistir a la audiencia, que examinará la legalidad de una orden ejecutiva firmada por Trump en su primer día de gobierno, con la que buscó restringir este derecho consagrado en la Constitución.
Un choque directo con la Constitución
El centro del debate está en la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, adoptada en 1868 tras la Guerra Civil, la cual establece que todas las personas nacidas en territorio estadounidense son ciudadanos.
La administración Trump sostiene que la frase “sujeto a su jurisdicción” excluye a los hijos de inmigrantes sin estatus legal o con permisos temporales. Bajo esta interpretación, los bebés nacidos en esas condiciones no obtendrían automáticamente la ciudadanía, lo que supondría un cambio radical frente a más de un siglo de precedentes.
El caso, conocido como Trump contra Barbara, reúne demandas colectivas presentadas por familias que aseguran que la medida vulnera derechos fundamentales.
Reacción de organizaciones y estados
Grupos de defensa de derechos civiles como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y fiscales generales de varios estados demócratas impugnaron de inmediato la orden ejecutiva.
En su demanda, la ACLU argumentó que la medida busca arrebatar un “tesoro invaluable” a los niños nacidos en el país y los expone a una vida de exclusión y al temor de deportación, pese a haber nacido en territorio estadounidense.
Entre los demandantes figuran familias migrantes de distintas nacionalidades, incluyendo una mujer hondureña solicitante de asilo, una residente taiwanesa con más de una década en el país y un ciudadano brasileño cuyo hijo nació en 2025 y podría verse afectado si la norma entra en vigor.
Según estimaciones del Instituto de Política Migratoria, la medida podría tener consecuencias de largo alcance. Se calcula que alrededor de 255.000 niños por año quedarían sin ciudadanía automática, lo que incrementaría la población indocumentada en millones en las próximas décadas.
Los críticos advierten que esto podría crear una “subclase permanente” de personas nacidas en Estados Unidos sin derechos plenos, alterando profundamente el modelo histórico de ciudadanía del país.
Precedente histórico en juego
El debate también pone en revisión el histórico fallo Estados Unidos contra Wong Kim Ark, que desde 1898 ha servido como base para garantizar la ciudadanía a los nacidos en territorio estadounidense, independientemente del origen de sus padres.
La administración Trump argumenta que ese precedente debe reinterpretarse, señalando que el concepto de “domicilio permanente” sería clave, aunque no esté explícitamente en el texto constitucional.
Si la Corte falla en contra del presidente, representaría un duro revés para una de sus políticas más emblemáticas, sumándose a recientes decisiones judiciales adversas, como la anulación de sus aranceles.
Trump, que ha criticado duramente al sistema judicial, ha insistido en que otros países “venden ciudadanías” y ha defendido su postura como una corrección necesaria del sistema.
Sin embargo, expertos recuerdan que un presidente no puede modificar una enmienda constitucional de forma unilateral, lo que eleva la importancia de este caso, que podría redefinir el alcance del poder ejecutivo y el significado de la ciudadanía en Estados Unidos.
La decisión final de la Corte Suprema no solo tendrá efectos inmediatos sobre miles de familias, sino que también podría reconfigurar uno de los principios fundamentales de la identidad estadounidense.
