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La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la concesión otorgada a una subsidiaria del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings para operar puertos en ambos extremos del Canal de Panamá, un fallo que tiene implicaciones jurídicas, económicas y geopolíticas en una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo.
La decisión, emitida este jueves por la noche, se produjo tras una auditoría de la Contraloría General de Panamá, que cuestionó la legalidad de la prórroga por 25 años de la concesión concedida en 2021 a la empresa Panama Ports Company, filial de CK Hutchison. Según el tribunal, el contrato vulnera disposiciones constitucionales, aunque el fallo no precisó de inmediato cuáles serán los pasos a seguir ni el impacto operativo inmediato sobre los puertos.
El dictamen judicial coincide con uno de los principales objetivos de la administración del presidente Donald Trump en el hemisferio: limitar cualquier influencia de China sobre el Canal de Panamá, considerado por Washington como un activo crítico para la seguridad y el comercio global. En ese contexto, Panamá fue el primer destino internacional del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, desde que asumió el cargo.
Aunque el Gobierno panameño y la Autoridad del Canal han insistido públicamente en que China no ejerce control alguno sobre la vía interoceánica, Rubio dejó claro durante su visita que Estados Unidos considera la operación de los puertos como un asunto de seguridad nacional. Trump incluso llegó a afirmar que Panamá debería “devolver el canal al control estadounidense”, una declaración que generó fuertes reacciones en el país centroamericano.
El futuro de los demás puertos
La breve comunicación de la Corte Suprema no definió el destino inmediato de los puertos de Balboa y Cristóbal, que operan en las entradas del Pacífico y el Atlántico, respectivamente. De acuerdo con el analista político Edwin Cabrera, el siguiente paso será estrictamente procesal.
“El siguiente paso es notificar formalmente a las partes la decisión del tribunal. Después de eso, la responsabilidad recaerá en el Órgano Ejecutivo, particularmente en la Autoridad Marítima de Panamá”, explicó Cabrera. Según el analista, no se prevé una interrupción inmediata de las operaciones portuarias. “Tengo la impresión, por conversaciones que he tenido con algunas personas, de que la operación no se detendrá”, añadió.
En paralelo al proceso judicial, CK Hutchison Holdings anunció el año pasado un acuerdo para vender su participación mayoritaria en los puertos panameños y otros activos portuarios alrededor del mundo a un consorcio internacional liderado por BlackRock Inc. Sin embargo, la operación pareció estancarse posteriormente debido a objeciones del Gobierno chino, lo que añadió una nueva capa de tensión política al caso.
La auditoría de la Contraloría fue un elemento central en la decisión judicial. El contralor Anel Flores aseguró que el examen detectó pagos no realizados, errores contables y la aparente existencia de concesiones “fantasma” que estarían operando dentro de los puertos desde 2015. La empresa negó esas acusaciones.
Según el informe oficial, las irregularidades habrían representado un perjuicio de unos 300 millones de dólares para el Estado panameño desde la extensión del contrato en 2021, y aproximadamente 1.200 millones de dólares durante los 25 años del contrato original, vigente desde 1997. Flores también afirmó que la prórroga fue concedida sin el aval obligatorio de la Contraloría, un requisito legal en este tipo de concesiones.
El 30 de julio, el contralor presentó formalmente ante la Corte Suprema una impugnación contra el contrato de Panama Ports Company, lo que abrió el camino al fallo que ahora reconfigura el futuro legal y político de los puertos panameños en un contexto de creciente rivalidad entre Estados Unidos y China por el control de infraestructuras estratégicas.
