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Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos suspendió este sábado la obligación de vacunar contra el covid-19 a los empleados de empresas de más de 100 personas, instaurada por el Gobierno de Joe Biden, mientras examina posibles "problemas constitucionales graves".
La medida del presidente de Estados Unidos dispone que decenas de millones de empleados sean vacunados contra el covid-19 antes del 4 de enero.
En caso de no querer vacunarse, los trabajadores de estas grandes empresas deberán someterse a pruebas semanales y también llevar mascarilla todo el tiempo.
El fallo fue emitido por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, y se produce en respuesta a una petición que hicieron el viernes por la noche varias empresas y un grupo de estados conservadores liderados por Texas.
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Anunciada a mediados de septiembre, fue adoptada esta semana por el Gobierno y fue inmediatamente impugnada en los tribunales en particular por el estado de Texas, controlado por los republicanos, opuestos a toda obligación de vacunación para luchar contra la pandemia del coronavirus.
Se trata en consecuencia de un gran revés para Joe Biden, quien acababa de lograr su primera gran victoria legislativa con la adopción en el Congreso, el viernes, de su plan de inversión en infraestructura.
En su decisión, la Corte Federal de Apelaciones de Texas dictaminó que los demandantes habían "dado argumentos que sugerían que existen serios problemas constitucionales y procesales" con el texto del Gobierno.
Por tanto, la medida queda "suspendida" en espera de que el tribunal lo examine sobre el fondo.
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De los tres jueces que tomaron la decisión, dos fueron nombrados por el antecesor de Biden, el republicano Donald Trump (2017-2021). "Podremos desafiar el abuso de poder inconstitucional de Biden en la corte", comentó el gobernador conservador de Texas, Greg Abbott, en Twitter.
Cerca de un 70 % de la población adulta en Estados Unidos está ya vacunada con la pauta completa, una cifra que ha subido en los últimos meses desde que el Gobierno empezó a poner presión a las empresas para que forzasen a sus trabajadores a recibir el biológico.
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