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La Comunidad Andina (CAN) ordenó a Ecuador y Colombia retirar, en un plazo de 10 días, los aranceles recíprocos que ambos gobiernos se impusieron en medio de la reciente guerra comercial y del deterioro político entre Quito y Bogotá.
La decisión quedó consignada en las resoluciones 2581, 2582 y 2583 por la Secretaría General del bloque regional, que concluyó que las medidas adoptadas por el presidente Daniel Noboa y su homólogo colombiano Gustavo Petro vulneran el Acuerdo de Cartagena, tratado constitutivo de la CAN firmado en 1969.
Según el organismo andino, tanto los aranceles como las restricciones fronterizas afectan el libre comercio subregional y contravienen el Programa de Liberación Comercial vigente entre los países miembros.
La Comunidad tiene la potestad de exigir a sus países miembros (Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú) eliminar aranceles pero no puede exigirle a países fuera del bloque lo mismo.
Colombia había amenazado con abandonar el grupo y acercarse al Mercosur, un bloque mucho más robusto que agrupa los países del sur del continente.
La manzana de la discordia
La disputa comenzó el 21 de enero de 2026, cuando el Gobierno ecuatoriano anunció la imposición de una denominada “tasa de seguridad” a los productos provenientes de Colombia. Inicialmente, la medida correspondía a un arancel del 30%, aunque posteriormente fue elevada hasta el 100%.
Quito justificó la decisión argumentando que Colombia no ejerce un control efectivo sobre su lado de la frontera y que ello afecta la seguridad ecuatoriana.
En respuesta, Bogotá adoptó medidas recíprocas y aprobó aranceles de hasta el 75% para los productos ecuatorianos.
En la resolución 2582, la Secretaría General de la CAN concluyó que la denominada “tasa de servicio de control aduanero” aplicada por Ecuador a las importaciones colombianas “vulnera el Programa de Liberación de la Comunidad Andina consagrado en el Acuerdo de Cartagena”.
Por su parte, en la resolución 2583, el organismo señaló que el “arancel recíproco” impuesto posteriormente por Colombia también constituye una “restricción al comercio subregional andino”.
Cuestionamientos a Quito
La CAN también cuestionó otra de las medidas adoptadas por Quito. En la resolución 2581, el organismo con sede en Lima indicó que la decisión de habilitar únicamente el puente internacional de Rumichaca como punto de ingreso terrestre para mercancías colombianas representa igualmente una restricción al comercio dentro del bloque.
En el artículo tercero de esa resolución, el secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez Reinel, exhortó a ambos gobiernos a reforzar los mecanismos de cooperación fronteriza.
“La Comunidad Andina exhorta a la República del Ecuador y a la República de Colombia a fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación bilateral en materia de control fronterizo [...] a fin de atender las problemáticas de seguridad identificadas en las zonas de frontera mediante acciones conjuntas, sin afectar el normal desarrollo del comercio subregional”, señala el documento.
Actualmente, Ecuador mantiene aranceles del 100% a las importaciones colombianas desde el pasado 1 de mayo. Sin embargo, el Gobierno de Noboa anunció el 4 de mayo que reducirá esas tarifas al 75% a partir del 1 de junio.
La candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, aseguró haberse atribuido gestiones para lograr esa reducción.
