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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) alertó que el colombiano Yilen Osorio, investigador de la entidad adscrita a Naciones Unidas, ha sido retenido en el Aeropuerto Internacional de La Aurora en contra de su voluntad y de disposiciones constitucionales.
El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, solicitó una acción de exhibición personal para evitar que Osorio fuera deportado, tal y como lo intentó Migración guatemalteca.
Por su parte, la fiscal general, Consuelo Porras, pidió al personal del Ministerio Público, la entidad que dirige, que "ordenen a los agentes de la Policía Nacional Civil presentes en el lugar que cumplan con la resolución constitucional" que amparaba a once funcionarios internacionales de la Cicig, entre ellos Osorio.
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Tanto la Cancillería guatemalteca como el servicio de Migración solicitaron a todos ellos que devolvieran sus credenciales diplomáticas y revocaron sus visas en octubre pasado.
El vuelo de la aerolínea colombiana Avianca se encontraba detenido en su escala en Guatemala debido a que las autoridades guatemaltecas intentaron deportar al funcionario de la Cicig.
La presidenta de Líneas Aéreas de Guatemala, Motty Rodas, dijo a la prensa local que las puertas del aeropuerto fueron cerradas, lo cual "afectó a los pasajeros de las otras aerolíneas".
El Ministerio de Gobernación (Interior), en un documento del pasado 28 de diciembre enviado a American Airlines, exige a la aerolínea norteamericana que no permita la entrada a siete funcionarios de la Cicig (Osorio incluido), pues se "prohibió su ingreso" al país, pese a que el Constitucional amparó al personal de la Cicig.
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La fiscal Porras también solicitó al ministro guatemalteco de Gobernación, Enrique Degenhart, y a la canciller de Guatemala, Sandra Jovel, que ordenen a su personal destinado en La Aurora que cumplan con lo resuelto por el Constitucional, "bajo la advertencia que, si no se hace, se procederá legalmente como corresponde".
Además, la Convergencia por los Derechos Humanos, que aglutina a nueve organizaciones, instó a las autoridades del Gobierno a cumplir con la resolución de la Corte del pasado 3 de diciembre, que otorgaba el amparo a favor de los 11 funcionarios de la Cicig al permitirles su libre ingreso al país.
La Procuraduría de los Derechos Humanos también señaló que tras permanecer cinco horas en las instalaciones de La Aurora, se autorizó el ingreso de su personal para verificar la situación del ciudadano colombiano, y recordó que "no permitir su acceso viola el artículo 29 de la Constitución y limita la facultad de supervisar la administración pública (que garantiza el) artículo 274".
Ni Cancillería, ni Migración, ni Gobernación, ni Presidencia de Guatemala se pronunciaron sobre este asunto pese a los intentos para ello de la prensa local e internacional.
