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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro a "investigar, juzgar y sancionar" a los responsables de la muerte del militar detenido Rafael Acosta Arévalo.
El capitán de corbeta Acosta Arévalo murió el sábado pasado bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcm) tras haber sido arrestado acusado de conspirar contra Maduro.
La CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó en un comunicado su "alarma y preocupación" por el fallecimiento, ocurrido, según ella, "por probables actos de tortura".
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"El Estado tiene el deber de investigar los hechos alegados de manera transparente, imparcial, independiente y efectiva. La impunidad facilita la repetición", dijo el relator para Venezuela de la CIDH, y uno de los siete comisionados que la integran, Francisco Eguiguren.
El órgano había señalado el 22 de mayo el recrudecimiento de las condiciones de detención en la Dgcm, instando al Estado venezolano a cumplir las medidas cautelares otorgadas en favor de los civiles y militares retenidos en ese lugar.
Este miércoles, Gustavo Tarre, representante ante la OEA del líder opositor venezolano Juan Guaidó, dijo que pidió a la CIDH que visite Venezuela para investigar la muerte de Acosta Arévalo.
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"El planteamiento es que la Comisión se traslade a Venezuela para ver la situación general de derechos humanos (...) con énfasis especial en el caso del capitán Acosta Arévalo", dijo Tarre.
En una carta, Tarre propuso a la CIDH que realice una visita urgente a Venezuela y establezca un "mecanismo especial de investigación" de los "graves hechos relacionados con las denuncias de desaparición forzosa, tortura y ejecución arbitraria" de Acosta Arévalo.
El capitán de corbeta fue detenido el 21 de junio y dado por desaparecido durante una semana. El 28 de junio fue presentado ante un tribunal militar en silla de ruedas, incapaz de hablar y con señales de tortura. El juez ordenó su traslado a un hospital militar, donde murió en las primeras horas del 29 de junio.
"El cuerpo no ha sido devuelto a los familiares de manera que no hay forma de garantizar una autopsia independiente. Pedimos a la CIDH que realice esta investigación para determinar quiénes son los culpables", dijo Tarre.
