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Chile "vive una grave crisis de derechos humanos" a más de tres meses del inicio del estallido social que se ha cobrado 31 muertos, indicó un informe preliminar sobre la situación del país presentado por la CIDH.
Tras pedir un minuto de silencio por las personas que han fallecido desde el 18 de octubre, cuando estalló la peor crisis social que ha visto Chile desde el retorno a la democracia en 1990, Esmeralda Arosemena, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezó la presentación del documento en Santiago.
"Quiero partir de una idea central que tiene la comisión, que es el reconocimiento de que hoy Chile vive una situación de grave crisis en materia de derechos humanos", afirmó Arosemena, quien advirtió que el informe final será presentado en los próximos meses.
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El documento, divulgado tras una semana de trabajo de un equipo de la CIDH, manifiesta que durante las protestas se produjeron "varios casos de abusos, detenciones y usos desproporcionados de la fuerza", por parte de agentes de seguridad del Estado, debido a una "falta de alineamiento de los estándares internacionales en la gestión de las protestas".
La Policía chilena ha sido blanco de cuestionamientos por organismos humanitarios ante el abuso de la fuerza que ha exhibido para contener las manifestaciones en todo el país y que han dejado duras secuelas.
Entre los casos que más conmoción han causado destacan alrededor de 400 heridos con graves lesiones en los ojos por disparos de perdigones y balines durante enfrentamientos con manifestantes, quienes han protagonizado manifestaciones violentas.
La respuesta del Estado chileno por las movilizaciones se ha caracterizado por "conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes que resultó en un número elevado de víctimas de violaciones a los derechos humanos".
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Según un informe presentado este viernes por el Ministerio Público chileno, 31 personas han muerto hasta el 28 de enero, cuatro de ellas por acción de agentes del estado y dos que se encontraban bajo custodia policial. Más de 5.500 personas han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos.
La CIDH aconsejó a las autoridades chilenas que "adopten medidas que, de manera inmediata, cesen los actos de abuso de la fuerza" y se investiguen las denuncias de violaciones a los derechos humanos para sancionar a los culpables.
El organismo dependiente de la OEA, informó, además, que más de 4.000 efectivos han resultado heridos en los disturbios.
Otros organismos como la Secretaría de los Derechos Humanos de la ONU, Human Rights Watch o Amnistía Internacional, visitaron Chile durante la crisis y coincidieron en la recurrencia de las violaciones a los DD. HH.
