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El expresidente peruano Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos, en uno de los casos de corrupción más emblemáticos relacionados con la constructora brasileña Odebrecht. La sentencia, dictada por el Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, marca un hito en la lucha contra la corrupción en Perú, implicando directamente a un exmandatario en un esquema de sobornos multimillonarios.
Toledo, quien gobernó Perú entre 2001 y 2006, favoreció a Odebrecht al adjudicarle los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur entre 2004 y 2005. A cambio, recibió más de US$ 30 millones en sobornos, entre 2006 y 2011, según la acusación del Ministerio Público. Este dinero fue canalizado a través de las cuentas del empresario israelí Josef Maiman, fallecido en 2021, quien jugó un rol clave en el esquema de lavado de dinero.
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Por los delitos de colusión, Toledo fue sentenciado a nueve años de prisión, mientras que por lavado de activos la condena asciende a 11 años y seis meses, lo que suma un total de 20 años y seis meses de cárcel. Este periodo será computado desde abril de 2023, cuando el expresidente fue extraditado desde Estados Unidos tras un largo y complejo proceso legal.
El proceso judicial ha sido el resultado de una investigación exhaustiva que se remonta a enero de 2017, cuando se reveló que Odebrecht había confesado el pago de sobornos a altos funcionarios peruanos entre 2005 y 2014. Toledo se convirtió en una de las figuras más notorias dentro del escándalo, debido al monto elevado de los sobornos que recibió y su condición de ex jefe de Estado.
Un esquema de corrupción que involucra a altos funcionarios
El Ministerio Público, a través del Equipo Especial Lava Jato, ha documentado cómo Toledo orquestó un esquema de corrupción y lavado de dinero, con la ayuda de su amigo cercano, Josef Maiman. Los fondos de Odebrecht fueron depositados en las cuentas de Maiman y luego transferidos a otras cuentas y empresas con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero. Además, el testimonio de Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, y los documentos que trazan la ruta del dinero han sido pruebas clave en el juicio.
Desde el inicio del proceso, el expresidente ha negado todas las acusaciones. En su última declaración ante el tribunal, Toledo afirmó que "no recibí ni un centavo de este proyecto" y solicitó que, en caso de ser condenado, se le permitiera cumplir la sentencia bajo arresto domiciliario. No obstante, la fiscalía, encabezada por José Domingo Pérez, considera que la culpabilidad de Toledo fue demostrada con pruebas irrefutables.
Las sospechas sobre las finanzas de Toledo no son nuevas. En 2013, surgió el Caso Ecoteva, relacionado con la compra de inmuebles de lujo mediante una empresa creada por su suegra, Eva Fernenbug, con dinero de origen presuntamente ilícito. Este caso aún se encuentra en proceso judicial, a la espera de que Estados Unidos amplíe la extradición del expresidente para incluirlo en el expediente.
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Sin embargo, la investigación por las coimas de Odebrecht fue la que cobró mayor notoriedad, sobre todo a raíz de la confesión de la constructora brasileña en Estados Unidos a finales de 2016, donde admitió haber sobornado a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014. Inicialmente, la fiscalía estimaba que Toledo había pactado recibir US$ 20 millones en sobornos, pero posteriormente se descubrió que la cifra ascendía a US$ 35 millones.
Toledo dejó Perú en 2017 y se estableció en Estados Unidos, lo que dio inicio a un proceso de extradición complicado que se extendió por varios años. Durante este tiempo, Toledo adoptó una estrategia de defensa agresiva para dilatar su retorno al país. Finalmente, fue extraditado en abril de 2023 y desde entonces se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo, en Ate, Lima.
Este caso no solo ha sido significativo por el involucramiento de un expresidente, sino también por la magnitud de las reparaciones civiles que se le han impuesto. La procuraduría ha solicitado que Toledo y sus coacusados paguen una indemnización de S/ 1,375 millones y US$ 463 millones, como compensación por los daños ocasionados al Estado peruano.
