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El Consejo de Ministros de España avaló la extradición del empresario colombiano Carlos Mattos, quien es requerido por las autoridades por sobornar a dos jueces de la República para que lo beneficiaran con medidas cautelares para seguir comercializando en Colombia vehículos de la marca Hyundai.
La Cancillería recibió formalmente la resolución emitida por el Consejo de Ministros, en la cual se indica que se avaló lo ordenado por la justicia española para la "entrega en extradición" de Mattos.
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El empresario orquestó un elaborado plan para desviar una tutela radicada en los juzgados civiles de Bogotá con el fin que llegara directamente al despacho del juez Reinaldo Huertas (quien enfrenta un juicio) para que este avalara las medidas cautelares que beneficiaron a la empresa de Mattos.
Para esto, le pagó sobornos a funcionarios y trabajadores de la Rama Judicial con el fin de alterar todo el sistema de repartos y así direccionar la tutela. Mattos habría enviado 2.500 millones de pesos aproximadamente para sobornar a todas las personas que tuvieron participación en este estructurado plan.
El empresario buscaba tumbar la decisión que le impedía comercializar los vehículos de la marca surcoreana en Colombia. El juez Huertas resolvió en tiempo récord la disputa legal que tenía Mattos con una comercializadora ecuatoriana.
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Meses después, el empresario le envió 100 millones de pesos a la jueza Carmen Hernández (ya condenada tras aceptar su participación en este caso de corrupción) luego que dejara las medidas cautelares.
El empresario enfrenta dos juicios penales en Colombia por los delitos de los delitos de cohecho por dar u ofrecer en grado de autoría, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático.
Hace poco, una jueza de conocimiento de Bogotá advirtió por el riesgo que existe de preclusión de varios de los delitos por los que fue acusado.
En octubre de 2020, el Tribunal Constitucional de España tumbó el proceso de extradición de Mattos al resolver una acción judicial presentada por su defensa en la que pedía garantizar sus derechos procesales.
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