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El Capitolio endureció el escrutinio sobre las operaciones militares estadounidenses en el Caribe después de que tanto la Cámara de Representantes como el Senado anunciaron investigaciones formales sobre un segundo ataque letal ocurrido en septiembre contra un presunto barco cargado de drogas, en el que murieron los dos sobrevivientes del ataque inicial.
La decisión bipartidista llega tras un informe de The Washington Post, que citó a “dos personas con conocimiento directo de la operación”, según el cual el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría dado una orden verbal para “matar a todos a bordo” de un buque sospechoso el 2 de septiembre.
Ese ataque fue el primero de casi dos decenas de acciones contra embarcaciones en la región desde esa fecha. El Post indicó que su investigación se basa en entrevistas con siete personas vinculadas con la operación.
De acuerdo con el diario, tras el primer ataque —en el que se detectaron dos sobrevivientes— el comandante a cargo habría ordenado un segundo ataque para eliminarlos.
Frente a las revelaciones, los líderes del Comité de Servicios Armados del Senado, Roger Wicker y Jack Reed, señalaron el viernes que el panel ya solicitó información al Departamento de Defensa.
“El Comité ha dirigido investigaciones al DoD y llevaremos a cabo una supervisión rigurosa para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias”, afirmaron ambos senadores en un comunicado conjunto.
La Cámara de Representantes siguió el mismo camino. Los congresistas Mike Rogers y Adam Smith anunciaron el sábado que su comité también impulsará una revisión exhaustiva, afirmando estar “comprometidos a proporcionar una supervisión rigurosa de las operaciones militares del Departamento de Defensa en el Caribe”.
Subrayaron además que los reportes sobre ataques posteriores a embarcaciones sospechosas exigen una “acción bipartidista para obtener un relato completo de la operación”.
El portavoz principal de Defensa, Sean Parnell, aseguró al Post que “toda esta narrativa es completamente falsa” y defendió la campaña militar como un “éxito rotundo” contra el narcoterrorismo.
Por su parte, Hegseth publicó en X que los operativos en el Caribe estaban diseñados como “ataques letales y cinéticos”, afirmando: “La intención declarada es detener las drogas letales, destruir los narcobuques y eliminar a los narcoterroristas”.
Sostuvo que todas las acciones cumplen con el derecho estadounidense e internacional, y que cuentan con aprobación de abogados militares y civiles “a lo largo de toda la cadena de mando”.
Las investigaciones legislativas se producen en un clima de creciente presión del gobierno del presidente Donald Trump sobre Venezuela, donde Washington evalúa opciones —incluidas acciones militares— tras casi dos docenas de ataques contra buques en la región que han dejado al menos 82 muertos.
El sábado, Trump escaló la retórica al afirmar que el espacio aéreo venezolano debía considerarse “cerrado”.
Trump dijo recientemente que su administración no pedirá autorización al Congreso para actuar contra presuntos narcotraficantes, prometiendo: “Creo que simplemente vamos a matar a quienes traen drogas a nuestro país… Los vamos a matar. Estarán prácticamente muertos”.
