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El presidente Joe Biden tomará una acción ejecutiva este martes que permitirá a los funcionarios de inmigración estadounidenses deportar a un gran número de migrantes sin procesar sus solicitudes de asilo, según informó la Casa Blanca. Esta decisión se presenta como una de las políticas fronterizas más restrictivas implementadas por un presidente demócrata en la historia reciente.
La medida, descrita por la administración Biden como necesaria para abordar el colapso del sistema de asilo, suspenderá el procesamiento de solicitudes de asilo entre los puntos de entrada oficiales a lo largo de la frontera sur. Esta acción permitirá a las autoridades rechazar y deportar más rápidamente a los migrantes que ingresen ilegalmente al país. El presidente Biden hablará sobre esta nueva política a las 2 pm ET en la Casa Blanca.
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La prohibición parcial de las solicitudes de asilo entrará en vigor casi de inmediato, según informaron los funcionarios de la administración en una llamada con periodistas. El procesamiento regular de asilo solo se restablecerá 14 días después de que el secretario de Seguridad Nacional determine que el promedio semanal de cruces fronterizos ilegales diarios ha caído por debajo de 1,500. Si el promedio semanal de cruces diarios entre puertos de entrada supera los 2,500, la proclama podría activarse nuevamente.
Los migrantes que crucen la frontera entre Estados Unidos y México fuera de los puntos de entrada legales durante la vigencia de la orden serán rechazados y deportados de inmediato a México o a sus países de origen. La administración planea realizar estas deportaciones "en cuestión de días, si no de horas".
Solo los inmigrantes que expresen miedo a ser perseguidos o torturados serán examinados por funcionarios de asilo estadounidenses, pero solo para formas menores de protección y bajo estándares más estrictos para evitar ser deportados rápidamente.
Esta represión del asilo no se aplicará a los niños no acompañados, a aquellos con condiciones médicas graves, a los que huyen de un daño inminente y a los inmigrantes que utilicen vías legales para ingresar a los EE.UU., como el sistema impulsado por la aplicación CBP One. La administración continuará procesando a aproximadamente 1,500 migrantes en los puertos de entrada a través de CBP One.
Para justificar este cambio de política, la administración invoca la ley 212(f) de la década de 1950, que permite al presidente suspender la entrada de extranjeros si su llegada se considera perjudicial para los intereses estadounidenses. Esta ley también fue utilizada por la administración Trump para restringir drásticamente la inmigración.
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Andrea Flores, exfuncionaria de la administración Biden, criticó duramente la medida, argumentando que podría sentar un peligroso precedente. "Si el presidente ahora afirma que puede cerrar el asilo cuando lo desee, incluso después de que el número de inmigrantes en las fronteras haya caído más del 50%, este precedente les da a los futuros presidentes el pretexto para suspender cualquier vía de inmigración a los Estados Unidos", dijo Flores.
La política de Biden sigue el modelo de un acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza que no logró avanzar en el Congreso debido a la oposición republicana. La administración cita esta acción unilateral como una respuesta necesaria ante la falta de decisión legislativa y la creciente presión política sobre la inmigración, uno de los temas más controvertidos en las encuestas.
Además, la realidad en la frontera ha mostrado niveles récord de detenciones de migrantes, con más de 2 millones en cada uno de los últimos dos años. Aunque este año las detenciones han disminuido en más del 50% gracias a los esfuerzos de México para impedir el paso de migrantes, la administración Biden considera que esta medida fortalecerá el sistema de asilo y evitará que se vea abrumado por solicitudes no legítimas.
