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El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles reuniones de urgencia con la oposición sobre las escenas de guerrilla urbana en Barcelona, que marcaron una radicalización de las protestas en Cataluña tras la condena a dirigentes independentistas.
En la tercera jornada de manifestaciones contra las penas de hasta 13 años de cárcel impuestas a nueve separatistas por la tentativa de secesión en 2017, la movilización continuaba con marchas desde cinco ciudades catalanas para converger el viernes en la capital regional. Ese día habrá una huelga general y una manifestación multitudinaria. Contenedores ardiendo, barricadas, cargas policiales, manifestantes con la cara tapada: las imágenes de guerrilla urbana en el elegante Paseo de Gracia barcelonés colmaban las tapas de los diarios en España, con titulares como "Batalla campal".
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En Barcelona, 40.000 personas participaron en la manifestación antes de estallar los altercados, con cientos de personas, muchos con la cara tapada, lanzando objetos contra la policía. También hubo enfrentamientos en Girona, Tarragona o Lleida.
El lunes tuvieron lugar los primeros altercados con la policía cuando 10.000 personas bloquearon el aeropuerto de Barcelona, horas después de que el Tribunal Supremo anunciara su condena a nueve separatistas, entre ellos el exvicepresidente regional Oriol Junqueras, a 13 años de prisión.
"Demostración de fuerza"
Tras condenar la noche del martes la violencia "generalizada" y aparentemente coordinada en Barcelona y otras ciudades catalanas, el gobierno del socialista Pedro Sánchez anunció reuniones con los líderes de derecha, centroderecha e izquierda radical. El objetivo es "transmitirles la determinación del gobierno de garantizar la seguridad, con firmeza, proporcionalidad y unidad", tuiteó Sánchez.
Según el ministerio de Interior español, 51 personas fueron detenidas durante los hechos violentos, 29 en Barcelona. Un total de 125 personas requirieron asistencia médica, según fuentes sanitarias, De ellas, 72 eran policías nacionales y regionales, de acuerdo al ministerio del Interior.
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En el señorial Paseo de Gracia y calles aledañas se veían este miércoles las huellas de los altercados, aunque los comercios abrieron como cada mañana. Mientras se registraban nuevos cortes de rutas y de vías férreas, desde cinco ciudades catalanes partieron las "marchas por la libertad", para llegar a Barcelona el viernes tras recorrer 100 kilómetros.
"Esto es una gran demostración de fuerza. El tema es no parar", dijo a la AFP Jordi Soler, un estudiante de doctorado de 25 años, que salió de Girona. "Esto es muy pacífico y está bien", aunque "a veces hay que ser más contundente", apuntó.
"Camino de no retorno"
Nacida de la frustración a dos años del fracasado intento de secesión que dejó a los separatistas sin rumbo claro, los hechos violentos muestran una radicalización de una parte del movimiento independentista, que se vanagloriaba de haber sido hasta ahora pacífico. "Se ha iniciado un camino de no retorno", indicaron en un comunicado los Comités de Defensa de la República (CDR), grupos autoorganizados con expeditivos métodos de protesta.
"No caigamos en la trampa de aquellos que nos quieres desmovilizar con el falso argumento de la violencia", indicaron, llamando al gobierno regional independentista a "romper con el Estado español". Una pintada de "Torra traidor" podía verse en Barcelona, en referencia al presidente regional Quim Torra, mostrando el distanciamiento entre los activistas más radicales y el gobierno catalán.
"No les regalemos lo que buscan", señaló en cambio el número dos del gobierno catalán, Pere Aragonés, advirtiendo que la violencia podría conllevar la posibilidad de que se intervenga la autonomía regional, como ya ocurrió tras la fallida secesión en 2017. El gobierno catalán, que no ha dudado en alentar la movilización ante la sentencia del Tribunal Supremo, pidió "aislar a las personas con comportamientos violentos", en boca de su portavoz, Meritxell Budó.
La derecha, que tacha una y otra vez a Pedro Sánchez de débil frente a los independentistas catalanes, que ayudaron a llevarlo al poder en junio de 2018, piden medidas extraordinarias. "Ante los violentos disturbios que elevan la tensión en Cataluña, Sánchez debe activar la Ley de Seguridad Nacional", que pondría las competencias de seguridad bajo el mando único del Estado, tuiteó el jefe del conservador Partido Popular, Pablo Casado. José María Brunet, periodista español, habló con LA FM de lo que está aconteciendo
